FE PÚBLICA Y ATESTACIÓN PROFESIONAL EN TIEMPOS DE TENSIONES NORMATIVAS: UN ANÁLISIS ENTRE US GAAP, IFRS E ISSB ante la SEC.

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Con base en las declaraciones del jefe de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, Paul S. Atkins —nombrado presidente de la entidad el 21 de abril de 2025 por el presidente Donald Trump, tras haberse desempeñado como comisionado entre 2002 y 2008 durante la administración de George W. Bush—, se plantea la posibilidad de prohibir el uso de las normas contables europeas en materia de sostenibilidad. Atkins cuestiona si las empresas extranjeras deberían tener vedado el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera - IFRS. Frente a esta coyuntura, se desarrollará un análisis estructurado en cuatro niveles: (i) contexto histórico, (ii) lectura crítica del conflicto, (iii) impacto para América Latina y (iv) reflexiones prospectivas.

1.- Desde una perspectiva histórica, en 2007 la SEC adoptó una decisión trascendental al permitir a los emisores extranjeros aplicar las International Financial Reporting Standards – IFRS,  sin necesidad de conciliación con los United States Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP, un paso que consolidó la narrativa de convergencia contable global. En 2021, la Fundación IFRS dio un nuevo impulso a esta agenda al crear el International Sustainability Standards Board – ISSB durante la COP26 en Glasgow, respondiendo a la presión de inversionistas y actores internacionales por información financiera sobre sostenibilidad comparable y verificable. 

Sin embargo, en 2025, la advertencia de Paul S. Atkins refleja un viraje radical en la política estadounidense, al cuestionar abiertamente la legitimidad de las normas europeas en este ámbito. Este movimiento no solo amenaza con desmantelar el puente construido durante casi dos décadas, sino que también revela cómo la contabilidad, lejos de ser una disciplina técnica neutral, se erige como un campo de disputa geopolítica y económica. 

La supuesta convergencia internacional nunca fue imparcial, siempre estuvo atravesada por intereses estratégicos de integración de capitales y por la pugna de hegemonías regulatorias entre bloques de poder. Por lo tanto, esta situación cuestiona la convergencia contable internacional alcanzada desde 2007 y abre un escenario de tensión entre la contabilidad financiera tradicional y la sostenibilidad. 

En un primer escenario, con las IFRS y el ISSB integrados —sin el veto de la SEC— la sostenibilidad se consolidaría como parte del marco contable global. En un segundo escenario, con las IFRS y el ISSB separados en marcos paralelos, lo financiero y lo climático se reportarían por vías distintas, fragmentando la información y finalmente, bajo un escenario de veto de la SEC, se impondría el uso obligatorio de los US GAAP para las empresas extranjeras que operen en Estados Unidos, reforzando una hegemonía normativa que rompería con la lógica de convergencia y reconfiguraría el mapa regulatorio internacional.

2.- Haciendo una lectura crítica del conflicto, lo explícito en la postura de la SEC es el temor a que las IFRS pierdan su carácter de estándar financiero “puro” al integrar métricas climáticas; lo implícito, en cambio, es la intención de Estados Unidos - EE. UU. de preservar el predominio de los US GAAP y limitar la creciente influencia europea-global en la fijación de estándares internacionales. En este trasfondo, la sostenibilidad deja de ser un asunto meramente técnico para convertirse en un campo atravesado por debates sobre riesgos sistémicos, legitimidad social y presión de inversionistas bajo criterios ESG. La afirmación de Atkins —“la contabilidad no es el lugar para agendas sociales”— ejemplifica una visión reduccionista que aísla artificialmente el valor económico de los factores ambientales y sociales, a pesar de que estos tienen impactos financieros tangibles y crecientemente reconocidos.

A ello se derivaría un impacto directo en países como Colombia y Perú, donde las empresas emisoras enfrentarían mayores costos de cumplimiento y un riesgo creciente de pérdida de atractivo frente a Wall Street. En consecuencia, los reguladores nacionales se verían obligados a conciliar entre distintos marcos normativos —IFRS, ISSB y eventualmente US GAAP—, generando tensiones en la armonización contable. Al mismo tiempo, las franquicias de las firmas de auditoría, tanto nacionales como internacionales, y en el caso colombiano la Revisoría Fiscal, experimentarían una presión adicional para formar talento especializado con dominio simultáneo en IFRS, US GAAP y sostenibilidad.

Este escenario plantea, por un lado, la oportunidad de expandir la auditoría financiera hacia la gestión de riesgos ESG; y, por otro, el desafío para los inversionistas de asumir el riesgo de fragmentación regulatoria. No obstante, también se abre la posibilidad de un reacomodo del capital hacia Europa y Asia, donde la combinación IFRS+ISSB podría consolidarse como un marco con mayor legitimidad y atractivo. Esta dinámica se ilustra en el cuadro siguiente:

                 Escenario                            Riesgos                              Oportunidades

IFRS  más ISSB integrados Costos iniciales; brecha de talento Acceso a capital ESG; liderazgo regional

IFRS e ISSB separados Reportes duplicados; riesgo de inconsistencias Flexibilidad regulatoria; gradualidad en adopción

Veto SEC Costos altos; barrera de acceso a Wall Street Diversificación hacia Europa/Asia; fortalecimiento de auditoría financiera

Fuente: elaboración del autor

3. El impacto para América Latina sería significativo, en la medida en que las empresas emisoras que cotizan en Wall Street enfrentarían una doble carga normativa las IFRS y los US GAAP, lo que implicaría altos costos de compliance. En este contexto, los reguladores —como la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en Perú y sus homólogos en Colombia, Chile, México, entre otros— se verían obligados a redefinir sus políticas de adopción, adaptación o convergencia de las IFRS. Ello exigiría, además, una transformación en la formación de contadores y auditores, quienes deberían dominar simultáneamente IFRS, US GAAP y métricas Environmental, Social, and Governance - ESG, lo que profundizaría la brecha formativa existente en la región. 

En el ámbito del mercado de capitales, este escenario equivaldría a un veto implícito que podría disminuir el atractivo de listar American Depositary Receipts - ADRs, certificados emitidos por bancos estadounidenses que representan la propiedad de un número específico de acciones de empresas no estadounidenses en EE. UU., desviando potencialmente los flujos de inversión hacia mercados europeos o asiáticos, más abiertos a la integración de la sostenibilidad en sus estándares contables.

4. En cuanto a las reflexiones y prospectivas, el debate entre fragmentación y convergencia contable abre la posibilidad de un escenario tripolar, en el que coexistan tres marcos de referencia: los US GAAP, las IFRS de carácter financiero y los estándares del ISSB en sostenibilidad. Esta dinámica puede entenderse como una forma de geopolítica contable, donde la disputa es menos técnica que política, y la cuestión de fondo radica en determinar quién define el valor, el riesgo y la transparencia en la economía global. 

Para América Latina, ello plantea el desafío estratégico de decidir entre alinearse con el pragmatismo estadounidense o apostar por la sostenibilidad integrada en el marco IFRS/ISSB. En este contexto, la auditoría financiera adquiere una relevancia particular, al poder desempeñar un papel crucial en la detección de greenwashing, fraudes en reportes climáticos y contradicciones entre la información financiera y la no financiera, contribuyendo así a salvaguardar la legitimidad de los mercados y la confianza de los inversionistas.

En ello y con base a lo establecido en el análisis anterior se contempla el escenario posible en un futuro próximo de las IFRS en los EE.UU, en el siguiente cuadro.

Escenarios posibles sobre el futuro de IFRS en EE. UU.

Escenario Descripción Impacto en empresas emisoras Impacto en reguladores (LatAm) Impacto en firmas de auditoría Impacto en inversionistas

1. IFRS mantiene integración con ISSB (sin veto de la SEC) IFRS continúa incluyendo normas de sostenibilidad dentro del marco contable. La SEC finalmente acepta la convergencia ampliada. Reportes integrados con métricas financieras y de sostenibilidad; mayor transparencia, pero también costos de implementación inicial. Refuerzan la obligatoriedad de IFRS+ISSB como marco; aceleran la adopción de normas climáticas. Necesidad de capacitar equipos en sostenibilidad contable y riesgos climáticos; oportunidad de servicios de aseguramiento ESG. Acceden a información más completa para decisiones de largo plazo; fortalecimiento de fondos ESG.

2. IFRS se separa: Finanzas (IASB) y sostenibilidad (ISSB) como marcos paralelos La IFRS Foundation opta por diferenciar claramente lo financiero y lo climático. Empresas deben elaborar dos reportes distintos: financiero (IFRS) y sostenibilidad (ISSB). Reguladores pueden exigir ambos reportes, pero manteniendo independencia; se reduce fricción con EE. UU. Doble carga de auditoría (financiera y de sostenibilidad), riesgo de inconsistencias entre reportes. Mayor claridad temática, pero riesgo de “greenwashing” al no estar integrado en la contabilidad principal.

3. SEC veta el uso de IFRS en EE. UU. Empresas extranjeras deben usar US GAAP si quieren cotizar en EE. UU. Costos elevados por doble normativa (IFRS en su país + US GAAP en EE. UU.); menor atractivo de Wall Street para emisores latinos. Supervisores deben diseñar mecanismos de conciliación; algunos países podrían mantener IFRS pero exigir reportes paralelos en USGAAP para emisores internacionales. Brecha de talento: necesidad de expertos en USGAAP e IFRS; presión por automatizar procesos de conversión.

Fuente: elaboración del autor

Los escenarios que se evidencian en el cuadro anterior muestran, en primer lugar, una ruta que refuerza la convergencia y la sostenibilidad como parte integral de la contabilidad. En un segundo escenario, se plantea un equilibrio, aunque con riesgo de duplicidad y fragmentación. Finalmente, un tercer escenario representaría un retroceso histórico en los procesos de convergencia, con altos costos y efectos de carácter geopolítico.

De esta manera, el artículo pone de relieve que la contabilidad ha dejado de ser únicamente un lenguaje técnico de los negocios para convertirse en un campo de disputa global entre visiones de corto y largo plazo; entre sostenibilidad, sustentabilidad y rentabilidad inmediata; entre el poder regulatorio estadounidense y las aspiraciones internacionales de convergencia. Más allá de vetos y resistencias, el debate demuestra que la sostenibilidad llegó para quedarse: si no ingresa por la vía de las IFRS, lo hará a través de un marco paralelo con creciente legitimidad en los mercados de capital del mundo.

En este contexto, proponemos una reflexión estratégica para Latinoamérica, donde los países deberán redefinir sus políticas de adopción, adaptación o convergencia con las IFRS:

El primer escenario contempla la integración de las IFRS con las normas ISSB, sin el correspondiente veto de la SEC. En este contexto, países como Colombia y Perú —que ya adoptaron las IFRS como marco obligatorio— tendrían la oportunidad de posicionarse como líderes regionales en la incorporación de la sostenibilidad dentro de la información financiera. Sin embargo, este escenario exige una formación técnica intensiva en sostenibilidad y sustentabilidad. La acción estratégica consistiría en incorporar tempranamente las normas ISSB en las regulaciones locales y en promover la capacitación de contadores y auditores en finanzas climáticas y en riesgos ESG. De esta manera, se aprovecharía una ventaja competitiva clave para atraer inversión extranjera, en particular fondos europeos con estrictas exigencias en materia ESG.

El segundo escenario plantea la separación de las IFRS y las ISSB, manteniéndose como marcos paralelos en lo financiero y en lo relacionado con la sostenibilidad. Bajo este modelo, las empresas enfrentarían el riesgo de tener que elaborar reportes dobles, lo que incrementaría sus costos y complejidad. La acción estratégica radicaría en el diseño de guías regulatorias claras que armonicen la presentación de la información, a fin de evitar contradicciones entre los reportes financieros y los climáticos. En este sentido, se requeriría fomentar auditorías financieras, forenses y de sostenibilidad entre otras que permitan detectar casos de greenwashing y asegurar la consistencia entre ambos reportes. Para ello, sería clave impulsar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data y la blockchain, entre otras, con el propósito de automatizar las conciliaciones entre marcos normativos. Aunque este escenario genera complejidad, ofrece una transición gradual siempre que exista coordinación regulatoria.

El tercer y último escenario corresponde al veto de la SEC, es decir, a la imposición de los US GAAP en emisores extranjeros. El impacto sería crítico, debido a que países como Colombia y Perú —con emisores en Wall Street en sectores como minería, energía e infraestructura— enfrentarían costos elevados y barreras de acceso. La acción estratégica en este contexto consistiría en negociar acuerdos de reconocimiento mutuo que reduzcan la duplicidad de informes y reportes, al tiempo que se diversifican los mercados de capitales y se fortalecen los vínculos internacionales. 

Aunque este escenario resultaría el más costoso, también podría abrir la puerta a alianzas con Europa y Asia, así como al fortalecimiento de la auditoría como garante de confianza, en marcos menos restrictivos bajo IFRS más ISSB. Para afrontarlo, sería necesario invertir en la formación de talento con competencias bilingües normativas IFRS–US GAAP, impulsada tanto desde las universidades como desde los colegios de contadores y otras instituciones profesionales, en consonancia con las políticas de los países latinoamericanos. Asimismo, se debería promover la auditoría financiera integral como mecanismo de confianza para los inversionistas, garantizando transparencia en un escenario caracterizado por la fragmentación.

En consecuencia, países como Colombia y Perú deben apostar por la convergencia ampliada del primer escenario, debido a que este permite alinear la sostenibilidad y la sustentabilidad con la transparencia financiera, al tiempo que facilita la atracción de capital con criterios ESG. Sin embargo, de manera paralela, deben prepararse para enfrentar el peor escenario, representado por el veto de la SEC, mediante el fortalecimiento del talento, la automatización de procesos y la diversificación de los mercados de capital.

En todo caso, independientemente del escenario que se materialice, la auditoría se consolida como una aliada estratégica para garantizar la veracidad de los reportes e informes, así como para prevenir fraudes en sostenibilidad y en la sustentabilidad, aspecto que se ilustra en el cuadro siguiente:

Escenario Nivel Riesgos principales Oportunidades Acciones recomendadas

1. IFRS más ISSB integrados (sin veto SEC) Empresas Costos iniciales de adaptación a nuevas métricas climáticas; falta de personal capacitado. Acceso a capital ESG global; ventaja competitiva en mercados europeos y multilaterales. Implementar sistemas de medición ambiental, social y climática; capacitar equipos financieros en ISSB.

Reguladores (Colombia: MICT, MHCP, Contaduria General; Perú: SMV) Dificultad en la armonización rápida de nuevas normas ISSB. Posicionamiento como líderes regionales en normatividad ESG. Incluir ISSB en normatividad nacional; emitir guías de reporte climático.

Auditoría Riesgo de greenwashing y manipulación de datos de sostenibilidad y sustentabilidad. Expansión del campo forense hacia fraude climático y ESG. Diseñar metodologías para auditar métricas ambientales y de gobernanza.

2. IFRS e ISSB separados (marcos paralelos) Empresas Doble carga de reportes (financieros y sostenibles); posibles contradicciones. Mayor claridad temática al separar lo financiero de lo ambiental. Usar tecnología (IA, blockchain) para integrar y conciliar reportes.

Reguladores Fragmentación regulatoria; confusión en fiscalización. Flexibilidad para exigir estándares de manera gradual. Emitir marcos de conciliación entre reportes financieros y de sostenibilidad y sustentabilidad.

Auditoría Mayor probabilidad de fraudes por inconsistencias entre reportes. Ampliación del rol  en validación cruzada de información. Crear protocolos de verificación entre reportes financieros y sostenibles.

3. Veto SEC (imposición de US GAAP en emisores extranjeros) Empresas Costos muy altos de doble normativa (IFRS más US GAAP); posible retiro de mercados de capital en USA. Diversificación hacia Europa y Asia; posibilidad de mayor independencia financiera. Formar equipos contables en USGAAP-IFRS; evaluar cambio de mercado para listados y ADRs.

Reguladores Debilidad en competitividad de emisores locales; presión de inversionistas para reconocer USGAAP. Rediseño de marcos normativos que fortalezcan integración regional (Alianza del Pacífico, Mercosur). Negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con EE.AA; fortalecer adopción IFRS-ISSB para otros mercados.

Auditoría Brecha de talento técnico en normas USGAAP; aumento de riesgos de fraude por reportes duplicados. Oportunidad de posicionar la auditoría como garante de transparencia en entornos fragmentados. Capacitar a los auditores en IFRS, USGAAP y sostenibilidad; diseñar metodologías de verificación multimarco.

Fuente: elaborado por el autor

Actualmente, la profesión contable enfrenta un escenario de tensión regulatoria derivado de la coexistencia y potencial confrontación entre los US GAAP, las IFRS y los estándares de sostenibilidad del ISSB. Esta fragmentación reabre el debate sobre la esencia de la contaduría como profesión de fe pública y sobre el alcance de la atestación como núcleo técnico de la auditoría. Desde esta perspectiva, tanto la técnica contable como la esencia de la profesión se sostienen en la atestación y la fe pública, pilares que otorgan legitimidad a los informes financieros y de sostenibilidad. 

En primer lugar, la atestación constituye el núcleo técnico de la profesión contable, entendida como el acto mediante el cual el auditor o contador público emite una opinión independiente sobre la razonabilidad de las cifras de un conjunto de estados financieros o reportes corporativos (Mautz & Sharaf, 1961). Su finalidad es otorgar credibilidad a la información bajo un marco normativo previamente establecido. En este sentido, implica que el profesional contable emite un juicio técnico y autónomo sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros o en los reportes de sostenibilidad, de conformidad con las normas aplicables. No obstante, la fragmentación derivada de la coexistencia entre IFRS, US GAAP e ISSB introduce una multiplicidad de marcos conceptuales que, si bien no altera la esencia de la atestación, sí condiciona y complejiza su alcance. 

El auditor debe precisar con claridad qué marco normativo utiliza, cuáles son sus limitaciones y qué conciliaciones resultan necesarias. De lo contrario, el riesgo técnico es que, sin criterios armonizados, la opinión pierda fuerza comparativa entre jurisdicciones. La fragmentación actual no altera la esencia de la atestación, pero sí incrementa su complejidad técnica. Un mismo hecho económico puede ser representado de manera distinta bajo IFRS o US GAAP, sin que ello constituya necesariamente un fraude, aunque sí dificulta la comparabilidad (Flint, 1988). En consecuencia, una misma empresa podría recibir opiniones 'limpias' tanto bajo IFRS como bajo US GAAP, pero con cifras diferentes, lo cual erosiona la credibilidad global de la información financiera.

En segundo lugar, se encuentra la fe pública como esencia de la profesión contable, entendida como la confianza que la sociedad delega en el contador, auditor o revisor fiscal para certificar y dictaminar que la información es veraz, íntegra y útil para la toma de decisiones. El problema actual surge cuando la SEC desconfía de las IFRS o relativiza la relevancia de las ISSB, pues en ese contexto la fe pública del contador queda expuesta a percepciones de orden político o regulatorio, más que a criterios técnicos profesionales, generando un riesgo reputacional, si los usuarios perciben que 'los números cambian' según el estándar aplicado, la fe pública puede verse comprometida, debilitando la legitimidad del contador como garante de transparencia (Knechel, 2016). 

La fe pública se entiende como la confianza social delegada en el contador para certificar que la información contable es veraz, íntegra y útil (Power, 1997). Sin embargo, cuando reguladores como la SEC cuestionan la validez de las IFRS o la inclusión de métricas de sostenibilidad, la fe pública de la profesión queda expuesta a tensiones geopolíticas y regulatorias que trascienden lo técnico.

En tercer lugar, debe resaltarse la dimensión ética y técnica de la atestación, debido a que el contador está obligado a no subordinar su juicio profesional a las presiones derivadas de un marco normativo u otro. La esencia de la profesión no radica en si se aplica IFRS o US GAAP, sino en la responsabilidad fiduciaria de certificar hechos económicos con integridad.

En este contexto de coexistencia de marcos, el profesional debe revelar con claridad el fundamento normativo utilizado y explicar el impacto de las diferencias en su interpretación, evitando omitir información material que pueda inducir a error. Por lo tanto, la atestación exige independencia tanto mental como sustantiva. La ética profesional obliga al contador a no subordinar su juicio a presiones normativas o políticas (IFAC, 2020), siendo su deber fundamental garantizar transparencia y claridad en la información presentada. 

Por último, no debe olvidarse la técnica contable como puente. Pese a las diferencias entre marcos, existe un principio compartido: la representación fiel (faithful representation). Este constituye la base que permite a la profesión sostener su rol social de dar fe pública (IASB, 2018; FASB, 2010). Aplicada con rigor, la técnica contable funciona como un viaducto entre estándares, preservando la esencia de la contabilidad como lenguaje de los negocios (Littleton, 1933).

Lo que varía son las reglas de medición, pero la responsabilidad de la atestación permanece idéntica: garantizar que lo presentado refleja fielmente lo que realmente ocurrió. En este sentido, la técnica contable, aplicada con independencia, actúa como puente entre los diferentes marcos y salvaguarda la fe pública.

De lo anterior se deriva una conclusión clave que es sobre la fragmentación normativa entre US GAAP, IFRS e ISSB no altera la esencia de la profesión, pues el contador sigue siendo testigo independiente y fedatario social de la realidad económica. No obstante, sí plantea un reto mayor: la fe pública debe sostenerse mediante una mayor transparencia en las revelaciones, una ética profesional sólida y la capacidad de explicar con rigor las diferencias entre marcos, para que los usuarios no pierdan confianza. En tiempos de incertidumbre, la atestación y la fe pública no son solo procedimientos técnicos, sino actos de responsabilidad pública que reafirman el valor social de la profesión.

Reflexiones y Prospectivas

La fragmentación normativa entre IFRS, US GAAP e ISSB no debe entenderse únicamente como un desafío técnico, sino como una expresión de las tensiones geopolíticas sobre quién define el valor, el riesgo y la transparencia en la economía global. En este escenario, la fe pública se reafirma como el núcleo de la profesión contable, puesto que la confianza social en la información depende de la capacidad del auditor y del contador de sostener la representación fiel más allá de marcos divergentes (Power, 1997; Flint, 1988). Que se debe hacer para que esta situaciones a llegar a presentase esta situación a que la EC en EE. UU. No se puedan aplicar las IFRS con la creación del ISSB, habrían distintos caminos que estableceremos aquí:

1.- Empresas: deben comenzar a implementar sistemas integrados de reporte financiero y climático, acompañados de inversiones en formación y capacitación en finanzas sostenibles y de sustentabilidad, así como en normas US GAAP e IFRS. Para los reguladores —como la SMV en Perú, el MHCP, MICT y la Contaduría General en Colombia, entre otros— el reto está en emitir lineamientos claros sobre la adopción de las ISSB y en negociar acuerdos de reconocimiento mutuo en caso de veto.

Es clave establecer convenios con universidades, gremios y organismos profesionales para promover programas de formación técnica a nivel regional, orientados a desarrollar profesionales “bilingües normativos” en IFRS–US GAAP–ISSB. Esto debe incluir a auditores, revisores fiscales y las franquicias de las firmas de auditoría nacionales e internacionales, con el fin de diseñar metodologías de verificación en sostenibilidad capaces de detectar greenwashing. Asimismo, se debe fomentar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y la blockchain para la conciliación de reportes de todo tipo, dado que el futuro de las IFRS en EE. UU. se configura hoy como un tema geopolítico más que técnico.

Tanto en Latinoamérica como en Colombia como Perú deben prepararse para enfrentar los tres escenarios, con énfasis en integrar la sostenibilidad a la contabilidad como ventaja competitiva; diversificar los mercados de capitales para no depender exclusivamente de Wall Street; y fortalecer las auditorías y a las revisorías fiscales como garantes de transparencia en la información financiera y no financiera.

Otro aspecto clave consiste en elaborar un mapa de impactos —qué normas aplican según la jurisdicción y el tipo de informe— y un plan de implementación de sistemas contables integrados, donde se prioricen las inversiones en tecnología para automatizar conciliaciones y reportes (data lineage, trazabilidad). Este proceso debe complementarse con la creación de equipos especializados (hub normativo) encargados de centralizar conversiones y asegurar la calidad de la información.

2.- Las franquicias de las firmas de auditoría y aseguramiento: deberán responder a una creciente demanda de servicios multimarco, que incluyan auditorías bajo IFRS, atestaciones ISSB y procesos de conversión y conciliación hacia US GAAP.

Dado el papel cada vez más relevante de la auditoría financiera en la verificación de la consistencia entre reportes financieros y de sostenibilidad —tanto en la detección de greenwashing como en la identificación de errores de reconciliación—, resulta fundamental aprovechar herramientas tecnológicas, incluidas las plataformas desarrolladas por las propias firmas globales, como dart.deloitte.com.

En este contexto, se hace necesario diseñar ofertas de servicios “triple marco”, que integren auditoría financiera (IFRS y las US GAAP) y assurance de sostenibilidad (ISSB), acompañadas del desarrollo de protocolos financieros que verifiquen la coherencia entre los distintos reportes. Asimismo, se recomienda establecer alianzas con proveedores tecnológicos que faciliten soluciones automatizadas de conciliación y aseguramiento.

3.- Los inversionistas institucionales: ante la fragmentación en la comparabilidad de las empresas, enfrentarán un aumento en los costos de due diligence. En este escenario, algunos fondos podrían inclinarse por invertir en mercados que adopten marcos integrados de sostenibilidad, mientras que otros priorizarán la consistencia con los US GAAP. Los inversionistas, por su parte, enfrentan mayores costos de due diligence en contextos fragmentados, lo que podría incentivar un desplazamiento de capital hacia jurisdicciones con estándares consistentes (Knechel, 2016).

4.- Los Gobiernos y reguladores: podrían impulsar la creación de guías temporales de conciliación entre IFRS y US GAAP para emisores que operan en ambos sistemas, así como negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con contrapartes internacionales, con el fin de mitigar la duplicidad de esfuerzos. Además, sería clave financiar programas nacionales y/o regionales de capacitación técnica en IFRS–GAAP–ISSB.

A mediano y largo plazo, los mercados alternativos y especializados —como bolsas y centros financieros— que adopten de manera explícita IFRS junto con ISSB podrían atraer emisores con perfil ESG. Esto generaría, a su vez, una mayor demanda de servicios profesionales en conversión normativa, assurance ESG y auditorías como la revisoría fiscal, acompañada por un fuerte desarrollo en innovación tecnológica. Entre estas innovaciones destacan los proveedores de software de reporting y reconciliación, con herramientas basadas en IA explicable y blockchain para la trazabilidad, cuyo crecimiento se prevé 

La clave prospectiva es que la confianza en la información —la fe pública— no se resuelve solo con normas, sino con transparencia, ética y capacidad explicativa. La fragmentación puede generar tensiones, pero también una oportunidad para que América Latina se posicione como región pionera en la integración de sostenibilidad, sustentabilidad y finanzas, garantizando credibilidad y competitividad en los mercados globales.

En el plano regulatorio, organismos como la SEC han mostrado reservas frente a la adopción plena de IFRS o frente a la inclusión de métricas climáticas, lo que evidencia que la legitimidad de la profesión contable puede quedar supeditada a factores políticos más que técnicos (IFAC, 2020). Ante ello, la respuesta de los gobiernos y reguladores debe incluir guías de conciliación, acuerdos de reconocimiento mutuo y programas de formación regional en IFRS, GAAP e ISSB.

La prospectiva muestra que la técnica contable seguirá siendo el puente entre marcos divergentes. El principio de representación fiel —compartido tanto por el IASB como por el FASB— constituye la base para sostener la credibilidad en la información y para mantener la contabilidad como lenguaje común de los negocios (IASB, 2018; FASB, 2010; Littleton, 1933). En última instancia, lo que está en juego no es solo la transparencia financiera o climática, sino la capacidad de la profesión para reafirmarse como garante de fe pública y de confianza social en tiempos de fragmentación normativa.

Referencias

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Deloitte / comparativos de marcos de reporte (IFRS, ISSB, SEC rules).  https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/esg-spotlight/2025/sustainability-related-reporting-requirements-and-standards?utm_source=chatgpt.com

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Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting. Norwalk, CT: FASB.

Financial Times — cobertura sobre la advertencia de la SEC. https://www.ft.com/content/e4fb94ca-0bcd-4076-8f66-ff473199e7c0?utm_source=chatgpt.com 

Flint, D. (1988). Philosophy and principles of auditing: An introduction. London: Macmillan.

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IFRS Foundation — uso de IFRS por jurisdicción (estatuto de uso en EE. UU.). https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/united-states/?utm_source=chatgpt.com 

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International Federation of Accountants (IFAC). (2020). International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards). New York: IFAC.

Knechel, W. R. (2016). Audit Research: Opportunities and Challenges. Abacus, 52(1), 27–71.

Knechel, W. R. (2016). Audit research: Accounting thought and the profession. Abacus, 52(1), 96–114.

Littleton, A. C. (1933). Accounting Evolution to 1900. New York: American Institute Publishing.

Mautz, R. K., & Sharaf, H. A. (1961). The Philosophy of Auditing. Sarasota: American Accounting Association.

Paul S. Atkins — Keynote Address, OECD Roundtable (SEC). https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/atkins-keynote-address-inaugural-oecd-roundtable-global-financial-markets-091025?utm_source=chatgpt.com

Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press.

PwC / KPMG — guías y notas técnicas sobre diferencias IFRS vs US GAAP y requisitos de conversión. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/ifrs_and_us_gaap_sim/ifrs_and_us_gaap_sim_US/About-this-guide.html

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN PERSPECTIVA: APRENDIZAJES DE LA AGENDA 2030 Y PROYECCIONES HACIA 2050

Como solían decir los abuelos cuando querían despedir una visita, el tiempo avanza y ya nos acercamos al año 2030 sin que se evidencien resultados contundentes en el marco de la Agenda 2030. El panorama global está marcado por guerras —grandes y pequeñas—, la deforestación del Amazonas, incendios tanto provocados como naturales, hambrunas que afectan tanto a países desarrollados como en desarrollo, y tensiones derivadas de la producción agrícola, entre cultivos tradicionales e hidropónicos. A ello se suman los desafíos en materia de igualdad de género, la persistencia de la xenofobia, el aumento de la pobreza que deriva en indigencia, y un deterioro constante de la salud y el bienestar (ONU, 2015; PNUD, 2022; Banco Mundial, 2020).

    La educación de calidad sigue siendo esquiva: en naciones con conflictos armados y, sorprendentemente, también en aquellas en paz, se observan hechos de violencia incluso dentro de colegios, escuelas y universidades (UNESCO, 2021). Por otro lado, el acceso al agua limpia y al saneamiento se reduce cada día, mientras los ríos y cuencas se contaminan. Además, el acaparamiento y la mercantilización por parte de grandes multinacionales dificultan aún más el acceso a este recurso vital, al punto de que para muchas personas obtener una simple botella de agua resulta inalcanzable (ONU-Agua, 2021; Oxfam, 2019).

        La transición hacia una energía asequible y no contaminante avanza lentamente. Aunque se promueve el uso de energías limpias, las fuentes tradicionales continúan fortaleciéndose, en especial por el respaldo de las multinacionales petroleras, que priorizan su poder económico y los altos rendimientos financieros que lo generan.

        En paralelo, el objetivo de garantizar trabajo decente y crecimiento económico se ve cada vez más lejano. El avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el inminente desarrollo de lo cuántico están reemplazando progresivamente la mano de obra, tanto en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. La inclusión de estas tecnologías en la producción y en las tareas administrativas ha derivado en un desempleo generalizado a nivel global, lo que limita las oportunidades para quienes ya no pueden insertarse en el mercado laboral. Esta situación también impacta a las nuevas generaciones, que pese a recibir educación, se enfrentan a un panorama incierto y cada vez más restrictivo.

        El crecimiento de las industrias y la innovación se ha visto fortalecido en gran medida por el apoyo de la tecnología y el auge del emprendimiento, en particular con la creación de pequeñas y medianas empresas en numerosos países. No obstante, este fenómeno también ha contribuido al incremento de la informalidad laboral, mientras que en las grandes industrias los puestos de trabajo han disminuido progresivamente.

     Por otro lado, las desigualdades persisten e incluso se profundizan. Las noticias muestran con frecuencia situaciones de racismo y la aprobación de normas, políticas y leyes que buscan restringir la migración. Al mismo tiempo, los conflictos armados y la falta de oportunidades obligan a miles de personas a abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, estos movimientos migratorios suelen despertar sentimientos de odio y resentimiento en las poblaciones receptoras, agudizando las tensiones sociales y económicas.

        En materia de comunidades y ciudades sostenibles, son muy pocos los avances reales. En algunos países los gobernantes apenas han tomado medidas superficiales, mientras que en otros no se ha hecho nada más allá de discursos que carecen de la fortaleza necesaria para convertirse en acciones concretas. Esta situación es especialmente crítica en naciones que carecen de cuencas hídricas o de grandes bosques, lo que limita sus posibilidades de sostenibilidad y de sustentabilidad.

        En contraste, algunos territorios han optado por estrategias de adaptación, como la recuperación de tierras al mar o el aprovechamiento de arenas desérticas para establecer grandes plantaciones destinadas tanto al autoabastecimiento como a la exportación. Sin embargo, estas iniciativas suelen responder más a intereses económicos y comerciales que a un verdadero compromiso con la producción y del consumo responsables. Así, se mantienen las desigualdades entre países que disponen de recursos y aquellos que carecen de medios naturales y económicos para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad en sus territorios.

       En lo relacionado con la acción por el clima, los avances son prácticamente invisibles. El cambio climático se manifiesta con mayor intensidad en ambos hemisferios, particularmente en las zonas tropicales, donde las sequías y las inundaciones se hacen cada vez más frecuentes bajo los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Estas alteraciones traen consigo pérdidas humanas, derrumbes, incendios, inundaciones y temperaturas extremas, configurando escenarios de riesgo permanente (IPCC, 2023; CEPAL, 2022).

        El calentamiento global también afecta ríos, mares y océanos, alterando la vida submarina. A ello se suma la pesca indiscriminada y la falta de protección a especies en peligro de extinción, incluidas las ballenas, lo que contribuye a la desestabilización de los ecosistemas acuáticos y de su equilibrio biótico y abiótico (FAO, 2020; WWF, 2021).

        De igual forma, los ecosistemas terrestres se ven cada día más vulnerados por la tala indiscriminada de bosques y la explotación minera sin control estatal. En numerosos casos, los intereses económicos —e incluso la complicidad de autoridades— han llevado al desvío o secado de ríos con el único propósito de extraer minerales, sacrificando así recursos naturales esenciales y profundizando la degradación ambiental (ONU Medio Ambiente, 2019; PNUD, 2021).

        Las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible han perdido vigor, desconocidas incluso por los propios países que conforman grupos como el G4, el G7 o el G20. Los compromisos globales orientados a mantener un planeta habitable y capaz de albergar el crecimiento poblacional han sido relegados, mientras la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas siguen siendo más una aspiración que una realidad.

        Las instituciones internacionales llamadas a proteger dichos acuerdos —como la Cruz Roja, la ONU, la OEA, entre otras— también han sido objeto de cuestionamientos, debido a que en ocasiones han desviado sus objetivos por intereses políticos o económicos, e incluso por prácticas que alimentan teorías conspirativas.

        Conviene recordar que el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 como un conjunto de objetivos globales destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada uno de estos objetivos fue acompañado de metas específicas a alcanzar en un plazo de quince años. Entre las iniciativas destacadas se encuentra Spotlight, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, la distancia entre las declaraciones oficiales y los resultados tangibles sigue siendo amplia.

        El nombre de la iniciativa Spotlight —que en inglés significa 'foco'— evoca la necesidad de iluminar una realidad que con frecuencia permanece en la oscuridad: la violencia contra mujeres y niñas. En muchos casos, esta violencia se niega, se oculta o se subestima, especialmente en países en conflicto, pero también en aquellos considerados desarrollados, donde rara vez se refleja en estadísticas oficiales y solo se visibiliza en los medios de comunicación cuando involucra a personas de interés público.

        El desafío es sacarla a la luz, convertirla en el centro de atención y adoptar medidas efectivas para erradicarla. Solo así será posible avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tal como lo plantea la Agenda 2030.

        Otro de los aspectos que no se mencionan explícitamente en los 17 ODS es el de la basura espacial (NASA, 2021; ESA, 2022), que circunda la Tierra, sobre la cual ningún país ha asumido responsabilidad directa. Una situación similar ocurre con la gran isla flotante de plásticos en el océano Pacífico, cuya limpieza avanza de manera demasiado lenta frente a la magnitud del problema. Aunque los medios de comunicación suelen abordarlo de forma limitada, estas problemáticas representan amenazas crecientes para la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta, al punto de que ya se discuten en la perspectiva de la Agenda 2050. (Jambeck et al., 2015; ONU Medio Ambiente, 2021).

        Aunque los medios de comunicación rara vez visibilizan estas problemáticas, ya se empieza a hablar de una Agenda 2050 que debería incorporar estos desafíos emergentes, pues su impacto trasciende las fronteras nacionales y compromete la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta a largo plazo (PNUD, 2022).

       Si proyectamos la mirada hacia el año 2050, se vislumbra una gran diversidad de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y la inclusión social. Entre ellos destaca la iniciativa de la Universidad Privada del Norte, denominada “Manos que Hablan”, la cual surgió a partir del proyecto “Manos con Voz”. Esta propuesta identificó las limitaciones comunicativas de la comunidad sorda en el Perú y buscó ampliar y robustecer su alcance mediante la integración de tecnologías innovadoras. El resultado ha sido un sistema que emplea inteligencia artificial para reconocer la lengua de señas peruana y traducirla a texto escrito, con el propósito de facilitar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y quienes no dominan esta lengua. De esta manera, el proyecto fomenta la empatía, la accesibilidad y la inclusión en distintos entornos educativos y sociales.

        El sistema “Manos que Hablan” emplea visión por computadora, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, además de herramientas como Python, Tensor Flow y OpenCV, lo que permite procesar los gestos y transformarlos en lenguaje escrito en tiempo real. Este tipo de desarrollos tecnológicos refleja cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la accesibilidad y a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en diversos entornos (Universidad Privada del Norte, 2021; Pineda & Velásquez, 2020).

        Por otra parte, en el ámbito social y económico, resulta relevante analizar las proyecciones de la corrupción y su impacto en el desarrollo sostenible. De acuerdo con José Antonio Flores Rosas, especialista en prevención, detección e investigación de fraudes, si los recursos desviados por corrupción se destinaran a inversión pública, cada año sería posible construir alrededor de 30 hospitales de alta complejidad, equipar miles de colegios con tecnología de punta y garantizar una pensión digna a medio millón de jubilados. Lo que parece un sueño inalcanzable es, en realidad, el futuro que la corrupción roba sistemáticamente a la sociedad (Flores Rosas, 2020; Transparencia Internacional, 2022).

        Según datos oficiales de la Contraloría General de la República, en el año 2023 la corrupción y la inconducta funcional le costaron al Perú la escandalosa suma de S/ 24,268 millones (Contraloría General de la República, 2023). Esta tendencia constituye una verdadera catástrofe anunciada, debido a que las proyecciones para el periodo 2024-2025 mantienen la misma línea: alrededor de S/ 24,300 millones en 2024 y posiblemente más de S/ 24,500 millones en 2025.

       En términos prácticos, este monto representa recursos que deberían destinarse a infraestructura social, salud, educación y programas de bienestar, pero que terminan diluyéndose en obras fantasmas, adquisiciones sobrevaloradas y en el enriquecimiento ilícito de unos pocos (Transparencia Internacional, 2022; PNUD, 2021). Se trata de un fenómeno que diversos analistas denominan “el cáncer del desarrollo” y que amenaza con minar la gobernabilidad democrática, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad, lo que sucede también en los demás países latinoamericanos incluyendo Colombia.

        Al mismo tiempo, especialistas en control han planteado que la “vacuna” contra esta problemática no es otra que el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección temprana y sanción efectiva, mediante la integración de tecnologías disruptivas (big data, inteligencia artificial, blockchain), controles internos sólidos y una mayor participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos (Flores Rosas, 2020; OCDE, 2020).

      El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei en Argentina por ejemplo, presentó recientemente expone con claridad, según especialistas consultados por La Nación (2025), la escasa prioridad que su agenda otorga a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para diversos analistas, la reducción de fondos en este ámbito no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

        De acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente sufrirá una disminución del 21 % en términos reales respecto a lo asignado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado menos del 60 % de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre las políticas de conservación y la protección de bosques nativos (La Nación, 2025), esto le hace falta fortalecerlo las demás naciones de la región latinoamericana, como lo mencionaba Fidel Castro en su discurso “Sobre el tema de sostenibilidad ya lo había visto venir Fidel Castro y hoy en día que hemos hecho? Se acerca el año 2030 https://www.facebook.com/watch?v=195553752669470 

        En este contexto, organismos internacionales como la Fundación IFRS han señalado la importancia de los denominados “Caminos de los pioneros”, en los que empresas líderes ya están aplicando las Normas ISSB para divulgar información sobre sostenibilidad que responda a las necesidades de los inversionistas de contar con información útil para la toma de decisiones (IFRS, 2023). Actualmente, al menos 36 jurisdicciones se encuentran en proceso de adoptar dichas normas, lo que refleja un avance en la armonización internacional de los reportes de sostenibilidad y de la sustentabilidad.

        Sin embargo, surgen múltiples interrogantes como bien lo han mencionado anteriormente: ¿cómo están gestionando las empresas líderes este cambiante entorno regulatorio?, ¿de qué manera están utilizando las Normas ISSB como guía para cumplir con los nuevos requisitos de divulgación global?, ¿qué consideraciones tienen los organismos reguladores al desarrollar estas disposiciones? Una pregunta crucial subyace a todas ellas: ¿es suficiente este esfuerzo para detener el cambio climático, y existe una verdadera voluntad de las demás jurisdicciones para que tanto las grandes industrias como las pymes implementen estas medidas y asuman conciencia real de su responsabilidad en la sostenibilidad?

          Veamos ahora qué nos plantea la Agenda 2050. Si bien se refiere a planes y estrategias de largo plazo orientados a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, resiliencia climática y bienestar social y económico hacia mediados de siglo, toma como punto de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

        Un ejemplo de ello es la Estrategia 2050 de Colombia, que busca consolidar un país resiliente al clima, competitivo, circular y carbono neutral (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). De manera similar, la iniciativa Visión 2050 de Forética (España) establece una hoja de ruta para que las empresas transformen los sistemas económicos hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social (Forética, 2021).

       En el siguiente cuadro se le da una estructura y respaldo académico e institucional al texto, permitiendo mostrar que la Agenda 2050 no solo se conecta con la Agenda 2030, sino que amplía sus metas en distintos frentes estratégicos.

Cuadro de los Aspectos clave de la Agenda 2050

Aspecto clave                             Fuente principal                                  Aporte a la Agenda 2050

Demografía y migraciones ONU DESA (2019); OIM (2020) Proyecciones de crecimiento poblacional y movilidad humana, fundamentales para planificar sostenibilidad y cohesión social.

Transformación digital e inteligencia artificial European Commission (2021); Floridi (2019) Debate ético y regulatorio sobre IA y tecnologías emergentes para asegurar un desarrollo inclusivo y responsable.

Geopolítica y gobernanza global WEF (2023); Sachs (2021) Identificación de riesgos globales y análisis de cómo las instituciones deben adaptarse a crisis transnacionales.

Justicia intergeneracional y equidad social Raworth (2017); Informe Brundtland (1987) Inclusión del principio de equidad entre generaciones y modelos económicos sostenibles (economía del donut).

Seguridad alimentaria e hídrica FAO (2021); IPCC (2022) Retos para garantizar acceso a alimentos y agua bajo escenarios de cambio climático y estrés hídrico.

Finanzas sostenibles y transición energética IFRS Foundation (2023); IEA (2021) Estándares internacionales (ISSB) y rutas hacia la descarbonización y energías limpias.

Salud global y riesgos pandémicos OMS (2022); Kickbusch & Leung (2020) Preparación frente a pandemias y vínculo entre salud y cambio climático.

Participación ciudadana y gobernanza local ONU-Hábitat (2020, 2016) Importancia de ciudades sostenibles, resilientes y participativas en el cumplimiento de la Agenda 2050.

Fuente: elaborado por el autor

Los componentes comunes de una Agenda 2050 suelen concentrarse en cuatro ejes fundamentales:

• El desarrollo sostenible: armonización del crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.

• La resiliencia al cambio climático: adaptación y mitigación frente a los impactos climáticos para asegurar un futuro sostenible.

• Una economía circular: transición hacia un modelo basado en la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, minimizando los impactos negativos.

• La innovación y tecnología: promoción de la investigación y el desarrollo como motor de transformación social y económica.

        Estos enfoques se reflejan en diversos planes nacionales. En Colombia, la Estrategia 2050 prioriza la resiliencia climática, la competitividad económica, la seguridad hídrica y la conservación de la biodiversidad. En España, el proyecto España 2050 constituye un ejercicio de prospectiva que diseña un plan de largo plazo para enfrentar los retos medioambientales, sociales y económicos de las próximas décadas (Gobierno de España, 2021). Por su parte, la Visión 2050 de Forética identifica nueve rutas de transformación en sectores clave, impulsando al sector empresarial hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad.

        En conclusión, puede afirmarse que las Agendas 2050 se construyen sobre los cimientos de la Agenda 2030, ampliando y adaptando sus metas hacia un horizonte más lejano. Su propósito es acelerar y consolidar el cumplimiento de los objetivos previstos para 2030, reconociendo que muchas naciones aún enfrentan serias dificultades para alcanzar sus compromisos ambientales y sociales. Ante este panorama, las universidades, las agremiaciones de todas las disciplinas, la CGN, la CGR, los entes de control y quienes emiten las leyes deben tomar conciencia de la situación, renovar sus planes de estudio y fortalecer la planeación tanto en el sector público, privado y social. Solo así será posible consolidar la sostenibilidad y la sustentabilidad, mejorar la calidad de vida y contribuir a la minimización y mitigación del cambio climático.

         Por lo tanto es importante y necesario desde ahora fortalecer los aspectos relacionados con la agenda 2030 para la agenda del 2050 como lo es La demografía y migraciones, por el crecimiento poblacional, el envejecimiento en regiones desarrolladas y la presión migratoria en zonas vulnerables (África, América Latina, Medio Oriente) de cómo estos factores afectan la planificación hacia 2050 (FAO, ONU DESA).

           La transformación digital y ética de la IA, donde la inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y robótica como motores de cambio que son retos éticos y sociales, con sesgos, gobernanza digital, concentración de poder tecnológico. En lo geopolítico y gobernanza global, donde el papel de los bloques (G20, UE, BRICS) y la fragilidad de los acuerdos multilaterales, por lo que los desafíos en torno a recursos críticos como lo son el agua, litio, tierras raras, energía.

        En cuanto a la justicia intergeneracional y equidad social, del cómo garantizar que las políticas actuales no comprometan los derechos de las generaciones futuras y el rol de la educación en construir sociedades sostenibles hacia 2050. A lo que respecta a la seguridad alimentaria e hídrica, este vínculo esta entre una agricultura sostenible, desertificación, pérdida de biodiversidad y agua potable como lo son los escenarios de riesgo de la FAO y el IPCC.

        Por otra parte se encuentran las finanzas sostenibles y transición energética, donde el papel de los mercados financieros, la inversión responsable (ESG) y las normas ISSB, traen un reto de abandonar los combustibles fósiles y masificar energías renovables. Así como también está la salud global y riesgos pandémicos, ello con base a la experiencia del COVID-19 el cual dejó aprendizajes en sistemas de salud, cooperación internacional y biotecnología, por lo tanto el vincular salud pública y cambio climático (olas de calor, nuevas enfermedades zoonóticas), por ultimo estría la participación ciudadana y gobernanza local, por la importancia de la descentralización, ciudades sostenibles y gobiernos locales en la implementación de agendas 2050, como por ejemplo, las ciudades resilientes al 2050 (ONU-Hábitat).

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