viernes, octubre 10, 2025

La medición Ambiental de impactos en la evaluación de la sostenibilidad en la educación 2025

Resumen:

La evaluación de la sostenibilidad en la educación requiere marcos sólidos que permitan medir los impactos ambientales, integrando dimensiones ecológicas, sociales y educativas. Este estudio propone un enfoque metodológico para valorar los impactos ambientales en instituciones educativas, con énfasis en las políticas y prácticas orientadas a la sostenibilidad. Al combinar métricas cuantitativas —como el análisis de la huella de carbono, el consumo energético y la eficiencia en la gestión de residuos— con indicadores cualitativos como la integración de principios de sostenibilidad en el currículo y la participación de los actores institucionales, el marco garantiza una evaluación integral. La metodología adopta un diseño de métodos mixtos, incorporando el análisis de ciclo de vida (ACV) para cuantificar los impactos ambientales, así como captar las percepciones sobre las prácticas de sostenibilidad entre estudiantes, docentes y personal directivo. Estudios de caso en diversos contextos educativos evidencian la aplicabilidad del modelo, revelando tanto buenas prácticas como brechas en su implementación. Los resultados subrayan la necesidad de contar con currículos interdisciplinarios y políticas institucionales que prioricen operaciones de bajo impacto y promuevan la conciencia ambiental. Este enfoque contribuye al debate global sobre la educación sostenible al ofrecer insumos prácticos para que responsables de política y educadores alineen las prácticas institucionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las United Nations, en particular el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 13 (Acción por el clima). El estudio aboga por un monitoreo continuo y por estrategias adaptativas que fortalezcan la sostenibilidad en la educación, asegurando una gestión ambiental responsable a largo plazo.

Palabras Clave: Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Educación, Análisis del ciclo de vida, Objetivos de desarrollo sostenible.

Introduction

La formación de los futuros profesionales Morin (2000), independientemente del campo disciplinar, exige la integración transversal de conocimientos sobre sostenibilidad y sustentabilidad. En un escenario global caracterizado por la intensificación de las crisis ecológicas, el crecimiento poblacional exponencial y el avance acelerado de la tecnología, es imprescindible desarrollar competencias que permitan comprender, mitigar, minimizar, desaparecer y transformar los impactos socioambientales. Mientras que en épocas anteriores el uso de recursos como la biomasa —principalmente leña y carbón vegetal— tenía efectos localizados, el modelo industrial actual, la urbanización descontrolada, el uso masivo de vehículos motorizados y la proliferación de armas químicas y nucleares han incrementado la presión ambiental de forma geométrica y el resultado es el cambio climático que hoy en el siglo XXI vivimos. Esta realidad ha sido ampliamente reconocida por organismos internacionales como la Unesco (2020), que promueve una Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) basada en la acción transformadora, y por la Agenda 2030 de las United Nations, que en su ODS 4.7 enfatiza la necesidad de incorporar la sostenibilidad en todos los niveles de la educación. Autores como Morin (2000) insisten en la necesidad de una reforma del pensamiento educativo que aborde la complejidad, mientras que Capra (2002) y Sachs (2015) subrayan la urgencia de transitar hacia paradigmas interdependientes y ecológicamente responsables. En este contexto, la educación superior debe asumir un papel protagónico, no solo como transmisora de conocimiento, sino como generadora de soluciones éticas, técnicas y contextualizadas frente a los desafíos del Antropoceno.

En este contexto, resulta crucial establecer criterios de control claros en el desarrollo de las actividades tanto de las organizaciones empresariales como en el trabajo articulado con las instituciones de educación superior (IES). Este esfuerzo conjunto debe permitir identificar las necesidades formativas que tienen los educandos respecto a la comprensión y valoración del medio ambiente y lo social, como dimensiones fundamentales de la sostenibilidad.

Si bien los aspectos de gobernanza han sido abordados tradicionalmente mediante mecanismos de reporte y rendición de cuentas —como los informes del Global Reporting Initiative (GRI), las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y las orientaciones del International Federation of Accountants (IFAC) en relación con los estados financieros—, persiste una debilidad estructural en el control y seguimiento de métricas específicas por actividad económica. Este vacío es más notorio en sectores no regulados con el mismo rigor que la gran industria, como ocurre con las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las famiempresas, donde la legislación suele ser laxa, el control institucional limitado, y la aplicación de sanciones inefectiva.

A ello se suma la existencia de contextos donde la corrupción y la impunidad distorsionan las funciones de control, incluso involucrando, en algunos casos, a franquicias de firmas multinacionales de auditoría, señaladas por omisión, negligencia o falta de compromiso ético (Sikka, 2009; Espinosa, 2020). Este panorama plantea desafíos urgentes para el fortalecimiento de la gobernanza sostenible, el rol de la auditoría, y el papel de las IES en la formación de ciudadanos críticos y profesionales responsables, capaces de enfrentar los retos éticos, ambientales y sociales del siglo XXI.

Este artículo busca establecer lineamientos para el desarrollo de métricas generales y registros contables que permitan cuantificar los impactos ambientales de las actividades humanas, con el fin de reflejar dicha información en los estados financieros y contribuir así a la formulación de políticas públicas integradas. Se plantea la necesidad urgente de que el Estado y las instituciones de educación superior (IES) trabajen conjuntamente en este propósito, especialmente en América Latina, donde aún persisten importantes reservas de biodiversidad y ecosistemas estratégicos —tanto en lo biótico como en lo abiótico— que requieren protección activa.

La contabilización del capital natural, la fijación de límites mínimos y máximos para el uso de recursos, y la traducción de estos elementos en métricas verificables deben convertirse en mecanismos concretos de evaluación de sostenibilidad. A pesar de que existen reportes internacionales que señalan a países como China, Estados Unidos y otras naciones industrializadas como los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI), la falta de compromiso real con los acuerdos multilaterales —incluyendo el Acuerdo de París y los compromisos de Brasil en materia ambiental— pone en evidencia la debilidad de los sistemas de control climático global.

En este contexto, se propone avanzar en la implementación de registros contables ambientales adaptados a la realidad de las pequeñas y medianas economías latinoamericanas, como herramienta técnica para el diseño de políticas públicas sostenibles que articulen lo económico, lo social y lo ambiental o ecológico de manera coherente y verificable.

Desarrollo de las métricas de la Sostenibilidad en la Contabilidad

Permitir a las organizaciones empresariales, a las PYMES, instituciones públicas o educativas o las sin fines de lucro  identificar, cuantificar, registrar y reportar los impactos ambientales significativos en sus estados financieros y contables, facilitando la toma de decisiones sostenibles y la formulación de políticas públicas.

A ello las métricas para el Cálculo de Impactos Ambientales y Sociales en Educación Sostenible que pueden estar alineadas al GRI y con los correspondientes registros contables.

Para enseñar a evaluar la sostenibilidad en instituciones educativas, se propone un sistema de métricas vinculadas a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), integradas con registros contables y estados financieros. Estas métricas permitirán cuantificar impactos y facilitar la transparencia en los correspondientes reportes institucionales.

Para establecer las métricas que permitan calcular las acciones en el medio ambiente y lo social, alineadas con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), y vincularlas a registros contables y estados financieros, se propone un marco integrado que abarque a indicadores cuantitativos y cualitativos. Este marco incluye métricas ambientales que se encuentran en el GRI 300 y las sociales en el GRI 400, con correspondencia a cuentas contables específicas y su reflejo en estados financieros. 

En el contexto educativo, la evaluación de sostenibilidad requiere la integración de métricas ambientales que reflejen el impacto de las operaciones institucionales. Entre estas, el consumo energético, la huella de carbono y la gestión de residuos son fundamentales, conforme a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI 300).

Por ejemplo, el indicador GRI 302-1 permite cuantificar el consumo total de energía, diferenciando entre fuentes renovables y no renovables, expresado en megavatios-hora (MWh). Esta información se puede registrar contablemente como gastos operativos (servicios públicos) o como inversiones en activos fijos sostenibles, si se trata de infraestructura para energías limpias. En los estados financieros, se refleja bajo el rubro de costos operacionales, permitiendo incluso construir indicadores como el porcentaje del presupuesto destinado a eficiencia energética.

Asimismo, las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial CO₂ equivalente (GRI 305-1 y 305-2), constituyen otro indicador clave. Su cálculo se basa en los factores de emisión asociados al consumo de electricidad o combustibles fósiles. Las emisiones pueden reflejarse contablemente mediante provisiones ambientales, gastos de responsabilidad social (como compensaciones de carbono) o pasivos asociados a compromisos de mitigación. Esto facilita visibilizar el costo por tonelada de CO₂ mitigada y reportarlo en los estados financieros como gasto extraordinario o pasivo ambiental.

En cuanto a la gestión de residuos (GRI 306-2 a 306-4), las instituciones pueden calcular las toneladas generadas, recicladas o dispuestas, clasificándolas en residuos peligrosos o no peligrosos. Los costos asociados se contabilizan como gastos en gestión de residuos, servicios públicos o incluso como ingresos si hay recuperación de materiales reciclables. En el estado de resultados, estos gastos se agrupan como costos operativos, y su impacto puede medirse en términos de reducción de costos por disposición o incremento de reciclaje. Como han señalado Gray y Milne (2018), estos indicadores también deben relacionarse con impactos reales en el entorno natural, superando una visión meramente simbólica de los reportes y deben ser manejado en informes por el personal especializado en estos temas.

A continuación, se detalla dicho enfoque:

https://es.scribd.com/document/931317554/La-Medicion-Ambientalde-Impactos-en-La-Evaluacion-de-La-Sostenibilidad2025?fbclid=IwY2xjawNWhzlleHRuA2FlbQIxMQABHmrAIK9cmrU-WPXVkKTbMiyEb2Owc_YceQTiOpkeEWJYIjEVpxJGMnJ51H8R_aem_JKalu8JFnAY1WEhLBPomTw 

martes, septiembre 23, 2025

FE PÚBLICA Y ATESTACIÓN PROFESIONAL EN TIEMPOS DE TENSIONES NORMATIVAS: UN ANÁLISIS ENTRE US GAAP, IFRS E ISSB ante la SEC.

https://www.linkedin.com/pulse/fe-p%C3%BAblica-y-atestaci%C3%B3n-profesional-en-tiempos-de-un-us-dr-%C3%A1lvaro-5jose/?trackingId=HKWthX1uSOG4lCL7KU1Urw%3D%3D 

Con base en las declaraciones del jefe de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, Paul S. Atkins —nombrado presidente de la entidad el 21 de abril de 2025 por el presidente Donald Trump, tras haberse desempeñado como comisionado entre 2002 y 2008 durante la administración de George W. Bush—, se plantea la posibilidad de prohibir el uso de las normas contables europeas en materia de sostenibilidad. Atkins cuestiona si las empresas extranjeras deberían tener vedado el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera - IFRS. Frente a esta coyuntura, se desarrollará un análisis estructurado en cuatro niveles: (i) contexto histórico, (ii) lectura crítica del conflicto, (iii) impacto para América Latina y (iv) reflexiones prospectivas.

1.- Desde una perspectiva histórica, en 2007 la SEC adoptó una decisión trascendental al permitir a los emisores extranjeros aplicar las International Financial Reporting Standards – IFRS,  sin necesidad de conciliación con los United States Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP, un paso que consolidó la narrativa de convergencia contable global. En 2021, la Fundación IFRS dio un nuevo impulso a esta agenda al crear el International Sustainability Standards Board – ISSB durante la COP26 en Glasgow, respondiendo a la presión de inversionistas y actores internacionales por información financiera sobre sostenibilidad comparable y verificable. 

Sin embargo, en 2025, la advertencia de Paul S. Atkins refleja un viraje radical en la política estadounidense, al cuestionar abiertamente la legitimidad de las normas europeas en este ámbito. Este movimiento no solo amenaza con desmantelar el puente construido durante casi dos décadas, sino que también revela cómo la contabilidad, lejos de ser una disciplina técnica neutral, se erige como un campo de disputa geopolítica y económica. 

La supuesta convergencia internacional nunca fue imparcial, siempre estuvo atravesada por intereses estratégicos de integración de capitales y por la pugna de hegemonías regulatorias entre bloques de poder. Por lo tanto, esta situación cuestiona la convergencia contable internacional alcanzada desde 2007 y abre un escenario de tensión entre la contabilidad financiera tradicional y la sostenibilidad. 

En un primer escenario, con las IFRS y el ISSB integrados —sin el veto de la SEC— la sostenibilidad se consolidaría como parte del marco contable global. En un segundo escenario, con las IFRS y el ISSB separados en marcos paralelos, lo financiero y lo climático se reportarían por vías distintas, fragmentando la información y finalmente, bajo un escenario de veto de la SEC, se impondría el uso obligatorio de los US GAAP para las empresas extranjeras que operen en Estados Unidos, reforzando una hegemonía normativa que rompería con la lógica de convergencia y reconfiguraría el mapa regulatorio internacional.

2.- Haciendo una lectura crítica del conflicto, lo explícito en la postura de la SEC es el temor a que las IFRS pierdan su carácter de estándar financiero “puro” al integrar métricas climáticas; lo implícito, en cambio, es la intención de Estados Unidos - EE. UU. de preservar el predominio de los US GAAP y limitar la creciente influencia europea-global en la fijación de estándares internacionales. En este trasfondo, la sostenibilidad deja de ser un asunto meramente técnico para convertirse en un campo atravesado por debates sobre riesgos sistémicos, legitimidad social y presión de inversionistas bajo criterios ESG. La afirmación de Atkins —“la contabilidad no es el lugar para agendas sociales”— ejemplifica una visión reduccionista que aísla artificialmente el valor económico de los factores ambientales y sociales, a pesar de que estos tienen impactos financieros tangibles y crecientemente reconocidos.

A ello se derivaría un impacto directo en países como Colombia y Perú, donde las empresas emisoras enfrentarían mayores costos de cumplimiento y un riesgo creciente de pérdida de atractivo frente a Wall Street. En consecuencia, los reguladores nacionales se verían obligados a conciliar entre distintos marcos normativos —IFRS, ISSB y eventualmente US GAAP—, generando tensiones en la armonización contable. Al mismo tiempo, las franquicias de las firmas de auditoría, tanto nacionales como internacionales, y en el caso colombiano la Revisoría Fiscal, experimentarían una presión adicional para formar talento especializado con dominio simultáneo en IFRS, US GAAP y sostenibilidad.

Este escenario plantea, por un lado, la oportunidad de expandir la auditoría financiera hacia la gestión de riesgos ESG; y, por otro, el desafío para los inversionistas de asumir el riesgo de fragmentación regulatoria. No obstante, también se abre la posibilidad de un reacomodo del capital hacia Europa y Asia, donde la combinación IFRS+ISSB podría consolidarse como un marco con mayor legitimidad y atractivo. Esta dinámica se ilustra en el cuadro siguiente:

                 Escenario                            Riesgos                              Oportunidades

IFRS  más ISSB integrados Costos iniciales; brecha de talento Acceso a capital ESG; liderazgo regional

IFRS e ISSB separados Reportes duplicados; riesgo de inconsistencias Flexibilidad regulatoria; gradualidad en adopción

Veto SEC Costos altos; barrera de acceso a Wall Street Diversificación hacia Europa/Asia; fortalecimiento de auditoría financiera

Fuente: elaboración del autor

3. El impacto para América Latina sería significativo, en la medida en que las empresas emisoras que cotizan en Wall Street enfrentarían una doble carga normativa las IFRS y los US GAAP, lo que implicaría altos costos de compliance. En este contexto, los reguladores —como la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en Perú y sus homólogos en Colombia, Chile, México, entre otros— se verían obligados a redefinir sus políticas de adopción, adaptación o convergencia de las IFRS. Ello exigiría, además, una transformación en la formación de contadores y auditores, quienes deberían dominar simultáneamente IFRS, US GAAP y métricas Environmental, Social, and Governance - ESG, lo que profundizaría la brecha formativa existente en la región. 

En el ámbito del mercado de capitales, este escenario equivaldría a un veto implícito que podría disminuir el atractivo de listar American Depositary Receipts - ADRs, certificados emitidos por bancos estadounidenses que representan la propiedad de un número específico de acciones de empresas no estadounidenses en EE. UU., desviando potencialmente los flujos de inversión hacia mercados europeos o asiáticos, más abiertos a la integración de la sostenibilidad en sus estándares contables.

4. En cuanto a las reflexiones y prospectivas, el debate entre fragmentación y convergencia contable abre la posibilidad de un escenario tripolar, en el que coexistan tres marcos de referencia: los US GAAP, las IFRS de carácter financiero y los estándares del ISSB en sostenibilidad. Esta dinámica puede entenderse como una forma de geopolítica contable, donde la disputa es menos técnica que política, y la cuestión de fondo radica en determinar quién define el valor, el riesgo y la transparencia en la economía global. 

Para América Latina, ello plantea el desafío estratégico de decidir entre alinearse con el pragmatismo estadounidense o apostar por la sostenibilidad integrada en el marco IFRS/ISSB. En este contexto, la auditoría financiera adquiere una relevancia particular, al poder desempeñar un papel crucial en la detección de greenwashing, fraudes en reportes climáticos y contradicciones entre la información financiera y la no financiera, contribuyendo así a salvaguardar la legitimidad de los mercados y la confianza de los inversionistas.

En ello y con base a lo establecido en el análisis anterior se contempla el escenario posible en un futuro próximo de las IFRS en los EE.UU, en el siguiente cuadro.

Escenarios posibles sobre el futuro de IFRS en EE. UU.

Escenario Descripción Impacto en empresas emisoras Impacto en reguladores (LatAm) Impacto en firmas de auditoría Impacto en inversionistas

1. IFRS mantiene integración con ISSB (sin veto de la SEC) IFRS continúa incluyendo normas de sostenibilidad dentro del marco contable. La SEC finalmente acepta la convergencia ampliada. Reportes integrados con métricas financieras y de sostenibilidad; mayor transparencia, pero también costos de implementación inicial. Refuerzan la obligatoriedad de IFRS+ISSB como marco; aceleran la adopción de normas climáticas. Necesidad de capacitar equipos en sostenibilidad contable y riesgos climáticos; oportunidad de servicios de aseguramiento ESG. Acceden a información más completa para decisiones de largo plazo; fortalecimiento de fondos ESG.

2. IFRS se separa: Finanzas (IASB) y sostenibilidad (ISSB) como marcos paralelos La IFRS Foundation opta por diferenciar claramente lo financiero y lo climático. Empresas deben elaborar dos reportes distintos: financiero (IFRS) y sostenibilidad (ISSB). Reguladores pueden exigir ambos reportes, pero manteniendo independencia; se reduce fricción con EE. UU. Doble carga de auditoría (financiera y de sostenibilidad), riesgo de inconsistencias entre reportes. Mayor claridad temática, pero riesgo de “greenwashing” al no estar integrado en la contabilidad principal.

3. SEC veta el uso de IFRS en EE. UU. Empresas extranjeras deben usar US GAAP si quieren cotizar en EE. UU. Costos elevados por doble normativa (IFRS en su país + US GAAP en EE. UU.); menor atractivo de Wall Street para emisores latinos. Supervisores deben diseñar mecanismos de conciliación; algunos países podrían mantener IFRS pero exigir reportes paralelos en USGAAP para emisores internacionales. Brecha de talento: necesidad de expertos en USGAAP e IFRS; presión por automatizar procesos de conversión.

Fuente: elaboración del autor

Los escenarios que se evidencian en el cuadro anterior muestran, en primer lugar, una ruta que refuerza la convergencia y la sostenibilidad como parte integral de la contabilidad. En un segundo escenario, se plantea un equilibrio, aunque con riesgo de duplicidad y fragmentación. Finalmente, un tercer escenario representaría un retroceso histórico en los procesos de convergencia, con altos costos y efectos de carácter geopolítico.

De esta manera, el artículo pone de relieve que la contabilidad ha dejado de ser únicamente un lenguaje técnico de los negocios para convertirse en un campo de disputa global entre visiones de corto y largo plazo; entre sostenibilidad, sustentabilidad y rentabilidad inmediata; entre el poder regulatorio estadounidense y las aspiraciones internacionales de convergencia. Más allá de vetos y resistencias, el debate demuestra que la sostenibilidad llegó para quedarse: si no ingresa por la vía de las IFRS, lo hará a través de un marco paralelo con creciente legitimidad en los mercados de capital del mundo.

En este contexto, proponemos una reflexión estratégica para Latinoamérica, donde los países deberán redefinir sus políticas de adopción, adaptación o convergencia con las IFRS:

El primer escenario contempla la integración de las IFRS con las normas ISSB, sin el correspondiente veto de la SEC. En este contexto, países como Colombia y Perú —que ya adoptaron las IFRS como marco obligatorio— tendrían la oportunidad de posicionarse como líderes regionales en la incorporación de la sostenibilidad dentro de la información financiera. Sin embargo, este escenario exige una formación técnica intensiva en sostenibilidad y sustentabilidad. La acción estratégica consistiría en incorporar tempranamente las normas ISSB en las regulaciones locales y en promover la capacitación de contadores y auditores en finanzas climáticas y en riesgos ESG. De esta manera, se aprovecharía una ventaja competitiva clave para atraer inversión extranjera, en particular fondos europeos con estrictas exigencias en materia ESG.

El segundo escenario plantea la separación de las IFRS y las ISSB, manteniéndose como marcos paralelos en lo financiero y en lo relacionado con la sostenibilidad. Bajo este modelo, las empresas enfrentarían el riesgo de tener que elaborar reportes dobles, lo que incrementaría sus costos y complejidad. La acción estratégica radicaría en el diseño de guías regulatorias claras que armonicen la presentación de la información, a fin de evitar contradicciones entre los reportes financieros y los climáticos. En este sentido, se requeriría fomentar auditorías financieras, forenses y de sostenibilidad entre otras que permitan detectar casos de greenwashing y asegurar la consistencia entre ambos reportes. Para ello, sería clave impulsar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data y la blockchain, entre otras, con el propósito de automatizar las conciliaciones entre marcos normativos. Aunque este escenario genera complejidad, ofrece una transición gradual siempre que exista coordinación regulatoria.

El tercer y último escenario corresponde al veto de la SEC, es decir, a la imposición de los US GAAP en emisores extranjeros. El impacto sería crítico, debido a que países como Colombia y Perú —con emisores en Wall Street en sectores como minería, energía e infraestructura— enfrentarían costos elevados y barreras de acceso. La acción estratégica en este contexto consistiría en negociar acuerdos de reconocimiento mutuo que reduzcan la duplicidad de informes y reportes, al tiempo que se diversifican los mercados de capitales y se fortalecen los vínculos internacionales. 

Aunque este escenario resultaría el más costoso, también podría abrir la puerta a alianzas con Europa y Asia, así como al fortalecimiento de la auditoría como garante de confianza, en marcos menos restrictivos bajo IFRS más ISSB. Para afrontarlo, sería necesario invertir en la formación de talento con competencias bilingües normativas IFRS–US GAAP, impulsada tanto desde las universidades como desde los colegios de contadores y otras instituciones profesionales, en consonancia con las políticas de los países latinoamericanos. Asimismo, se debería promover la auditoría financiera integral como mecanismo de confianza para los inversionistas, garantizando transparencia en un escenario caracterizado por la fragmentación.

En consecuencia, países como Colombia y Perú deben apostar por la convergencia ampliada del primer escenario, debido a que este permite alinear la sostenibilidad y la sustentabilidad con la transparencia financiera, al tiempo que facilita la atracción de capital con criterios ESG. Sin embargo, de manera paralela, deben prepararse para enfrentar el peor escenario, representado por el veto de la SEC, mediante el fortalecimiento del talento, la automatización de procesos y la diversificación de los mercados de capital.

En todo caso, independientemente del escenario que se materialice, la auditoría se consolida como una aliada estratégica para garantizar la veracidad de los reportes e informes, así como para prevenir fraudes en sostenibilidad y en la sustentabilidad, aspecto que se ilustra en el cuadro siguiente:

Escenario Nivel Riesgos principales Oportunidades Acciones recomendadas

1. IFRS más ISSB integrados (sin veto SEC) Empresas Costos iniciales de adaptación a nuevas métricas climáticas; falta de personal capacitado. Acceso a capital ESG global; ventaja competitiva en mercados europeos y multilaterales. Implementar sistemas de medición ambiental, social y climática; capacitar equipos financieros en ISSB.

Reguladores (Colombia: MICT, MHCP, Contaduria General; Perú: SMV) Dificultad en la armonización rápida de nuevas normas ISSB. Posicionamiento como líderes regionales en normatividad ESG. Incluir ISSB en normatividad nacional; emitir guías de reporte climático.

Auditoría Riesgo de greenwashing y manipulación de datos de sostenibilidad y sustentabilidad. Expansión del campo forense hacia fraude climático y ESG. Diseñar metodologías para auditar métricas ambientales y de gobernanza.

2. IFRS e ISSB separados (marcos paralelos) Empresas Doble carga de reportes (financieros y sostenibles); posibles contradicciones. Mayor claridad temática al separar lo financiero de lo ambiental. Usar tecnología (IA, blockchain) para integrar y conciliar reportes.

Reguladores Fragmentación regulatoria; confusión en fiscalización. Flexibilidad para exigir estándares de manera gradual. Emitir marcos de conciliación entre reportes financieros y de sostenibilidad y sustentabilidad.

Auditoría Mayor probabilidad de fraudes por inconsistencias entre reportes. Ampliación del rol  en validación cruzada de información. Crear protocolos de verificación entre reportes financieros y sostenibles.

3. Veto SEC (imposición de US GAAP en emisores extranjeros) Empresas Costos muy altos de doble normativa (IFRS más US GAAP); posible retiro de mercados de capital en USA. Diversificación hacia Europa y Asia; posibilidad de mayor independencia financiera. Formar equipos contables en USGAAP-IFRS; evaluar cambio de mercado para listados y ADRs.

Reguladores Debilidad en competitividad de emisores locales; presión de inversionistas para reconocer USGAAP. Rediseño de marcos normativos que fortalezcan integración regional (Alianza del Pacífico, Mercosur). Negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con EE.AA; fortalecer adopción IFRS-ISSB para otros mercados.

Auditoría Brecha de talento técnico en normas USGAAP; aumento de riesgos de fraude por reportes duplicados. Oportunidad de posicionar la auditoría como garante de transparencia en entornos fragmentados. Capacitar a los auditores en IFRS, USGAAP y sostenibilidad; diseñar metodologías de verificación multimarco.

Fuente: elaborado por el autor

Actualmente, la profesión contable enfrenta un escenario de tensión regulatoria derivado de la coexistencia y potencial confrontación entre los US GAAP, las IFRS y los estándares de sostenibilidad del ISSB. Esta fragmentación reabre el debate sobre la esencia de la contaduría como profesión de fe pública y sobre el alcance de la atestación como núcleo técnico de la auditoría. Desde esta perspectiva, tanto la técnica contable como la esencia de la profesión se sostienen en la atestación y la fe pública, pilares que otorgan legitimidad a los informes financieros y de sostenibilidad. 

En primer lugar, la atestación constituye el núcleo técnico de la profesión contable, entendida como el acto mediante el cual el auditor o contador público emite una opinión independiente sobre la razonabilidad de las cifras de un conjunto de estados financieros o reportes corporativos (Mautz & Sharaf, 1961). Su finalidad es otorgar credibilidad a la información bajo un marco normativo previamente establecido. En este sentido, implica que el profesional contable emite un juicio técnico y autónomo sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros o en los reportes de sostenibilidad, de conformidad con las normas aplicables. No obstante, la fragmentación derivada de la coexistencia entre IFRS, US GAAP e ISSB introduce una multiplicidad de marcos conceptuales que, si bien no altera la esencia de la atestación, sí condiciona y complejiza su alcance. 

El auditor debe precisar con claridad qué marco normativo utiliza, cuáles son sus limitaciones y qué conciliaciones resultan necesarias. De lo contrario, el riesgo técnico es que, sin criterios armonizados, la opinión pierda fuerza comparativa entre jurisdicciones. La fragmentación actual no altera la esencia de la atestación, pero sí incrementa su complejidad técnica. Un mismo hecho económico puede ser representado de manera distinta bajo IFRS o US GAAP, sin que ello constituya necesariamente un fraude, aunque sí dificulta la comparabilidad (Flint, 1988). En consecuencia, una misma empresa podría recibir opiniones 'limpias' tanto bajo IFRS como bajo US GAAP, pero con cifras diferentes, lo cual erosiona la credibilidad global de la información financiera.

En segundo lugar, se encuentra la fe pública como esencia de la profesión contable, entendida como la confianza que la sociedad delega en el contador, auditor o revisor fiscal para certificar y dictaminar que la información es veraz, íntegra y útil para la toma de decisiones. El problema actual surge cuando la SEC desconfía de las IFRS o relativiza la relevancia de las ISSB, pues en ese contexto la fe pública del contador queda expuesta a percepciones de orden político o regulatorio, más que a criterios técnicos profesionales, generando un riesgo reputacional, si los usuarios perciben que 'los números cambian' según el estándar aplicado, la fe pública puede verse comprometida, debilitando la legitimidad del contador como garante de transparencia (Knechel, 2016). 

La fe pública se entiende como la confianza social delegada en el contador para certificar que la información contable es veraz, íntegra y útil (Power, 1997). Sin embargo, cuando reguladores como la SEC cuestionan la validez de las IFRS o la inclusión de métricas de sostenibilidad, la fe pública de la profesión queda expuesta a tensiones geopolíticas y regulatorias que trascienden lo técnico.

En tercer lugar, debe resaltarse la dimensión ética y técnica de la atestación, debido a que el contador está obligado a no subordinar su juicio profesional a las presiones derivadas de un marco normativo u otro. La esencia de la profesión no radica en si se aplica IFRS o US GAAP, sino en la responsabilidad fiduciaria de certificar hechos económicos con integridad.

En este contexto de coexistencia de marcos, el profesional debe revelar con claridad el fundamento normativo utilizado y explicar el impacto de las diferencias en su interpretación, evitando omitir información material que pueda inducir a error. Por lo tanto, la atestación exige independencia tanto mental como sustantiva. La ética profesional obliga al contador a no subordinar su juicio a presiones normativas o políticas (IFAC, 2020), siendo su deber fundamental garantizar transparencia y claridad en la información presentada. 

Por último, no debe olvidarse la técnica contable como puente. Pese a las diferencias entre marcos, existe un principio compartido: la representación fiel (faithful representation). Este constituye la base que permite a la profesión sostener su rol social de dar fe pública (IASB, 2018; FASB, 2010). Aplicada con rigor, la técnica contable funciona como un viaducto entre estándares, preservando la esencia de la contabilidad como lenguaje de los negocios (Littleton, 1933).

Lo que varía son las reglas de medición, pero la responsabilidad de la atestación permanece idéntica: garantizar que lo presentado refleja fielmente lo que realmente ocurrió. En este sentido, la técnica contable, aplicada con independencia, actúa como puente entre los diferentes marcos y salvaguarda la fe pública.

De lo anterior se deriva una conclusión clave que es sobre la fragmentación normativa entre US GAAP, IFRS e ISSB no altera la esencia de la profesión, pues el contador sigue siendo testigo independiente y fedatario social de la realidad económica. No obstante, sí plantea un reto mayor: la fe pública debe sostenerse mediante una mayor transparencia en las revelaciones, una ética profesional sólida y la capacidad de explicar con rigor las diferencias entre marcos, para que los usuarios no pierdan confianza. En tiempos de incertidumbre, la atestación y la fe pública no son solo procedimientos técnicos, sino actos de responsabilidad pública que reafirman el valor social de la profesión.

Reflexiones y Prospectivas

La fragmentación normativa entre IFRS, US GAAP e ISSB no debe entenderse únicamente como un desafío técnico, sino como una expresión de las tensiones geopolíticas sobre quién define el valor, el riesgo y la transparencia en la economía global. En este escenario, la fe pública se reafirma como el núcleo de la profesión contable, puesto que la confianza social en la información depende de la capacidad del auditor y del contador de sostener la representación fiel más allá de marcos divergentes (Power, 1997; Flint, 1988). Que se debe hacer para que esta situaciones a llegar a presentase esta situación a que la EC en EE. UU. No se puedan aplicar las IFRS con la creación del ISSB, habrían distintos caminos que estableceremos aquí:

1.- Empresas: deben comenzar a implementar sistemas integrados de reporte financiero y climático, acompañados de inversiones en formación y capacitación en finanzas sostenibles y de sustentabilidad, así como en normas US GAAP e IFRS. Para los reguladores —como la SMV en Perú, el MHCP, MICT y la Contaduría General en Colombia, entre otros— el reto está en emitir lineamientos claros sobre la adopción de las ISSB y en negociar acuerdos de reconocimiento mutuo en caso de veto.

Es clave establecer convenios con universidades, gremios y organismos profesionales para promover programas de formación técnica a nivel regional, orientados a desarrollar profesionales “bilingües normativos” en IFRS–US GAAP–ISSB. Esto debe incluir a auditores, revisores fiscales y las franquicias de las firmas de auditoría nacionales e internacionales, con el fin de diseñar metodologías de verificación en sostenibilidad capaces de detectar greenwashing. Asimismo, se debe fomentar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y la blockchain para la conciliación de reportes de todo tipo, dado que el futuro de las IFRS en EE. UU. se configura hoy como un tema geopolítico más que técnico.

Tanto en Latinoamérica como en Colombia como Perú deben prepararse para enfrentar los tres escenarios, con énfasis en integrar la sostenibilidad a la contabilidad como ventaja competitiva; diversificar los mercados de capitales para no depender exclusivamente de Wall Street; y fortalecer las auditorías y a las revisorías fiscales como garantes de transparencia en la información financiera y no financiera.

Otro aspecto clave consiste en elaborar un mapa de impactos —qué normas aplican según la jurisdicción y el tipo de informe— y un plan de implementación de sistemas contables integrados, donde se prioricen las inversiones en tecnología para automatizar conciliaciones y reportes (data lineage, trazabilidad). Este proceso debe complementarse con la creación de equipos especializados (hub normativo) encargados de centralizar conversiones y asegurar la calidad de la información.

2.- Las franquicias de las firmas de auditoría y aseguramiento: deberán responder a una creciente demanda de servicios multimarco, que incluyan auditorías bajo IFRS, atestaciones ISSB y procesos de conversión y conciliación hacia US GAAP.

Dado el papel cada vez más relevante de la auditoría financiera en la verificación de la consistencia entre reportes financieros y de sostenibilidad —tanto en la detección de greenwashing como en la identificación de errores de reconciliación—, resulta fundamental aprovechar herramientas tecnológicas, incluidas las plataformas desarrolladas por las propias firmas globales, como dart.deloitte.com.

En este contexto, se hace necesario diseñar ofertas de servicios “triple marco”, que integren auditoría financiera (IFRS y las US GAAP) y assurance de sostenibilidad (ISSB), acompañadas del desarrollo de protocolos financieros que verifiquen la coherencia entre los distintos reportes. Asimismo, se recomienda establecer alianzas con proveedores tecnológicos que faciliten soluciones automatizadas de conciliación y aseguramiento.

3.- Los inversionistas institucionales: ante la fragmentación en la comparabilidad de las empresas, enfrentarán un aumento en los costos de due diligence. En este escenario, algunos fondos podrían inclinarse por invertir en mercados que adopten marcos integrados de sostenibilidad, mientras que otros priorizarán la consistencia con los US GAAP. Los inversionistas, por su parte, enfrentan mayores costos de due diligence en contextos fragmentados, lo que podría incentivar un desplazamiento de capital hacia jurisdicciones con estándares consistentes (Knechel, 2016).

4.- Los Gobiernos y reguladores: podrían impulsar la creación de guías temporales de conciliación entre IFRS y US GAAP para emisores que operan en ambos sistemas, así como negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con contrapartes internacionales, con el fin de mitigar la duplicidad de esfuerzos. Además, sería clave financiar programas nacionales y/o regionales de capacitación técnica en IFRS–GAAP–ISSB.

A mediano y largo plazo, los mercados alternativos y especializados —como bolsas y centros financieros— que adopten de manera explícita IFRS junto con ISSB podrían atraer emisores con perfil ESG. Esto generaría, a su vez, una mayor demanda de servicios profesionales en conversión normativa, assurance ESG y auditorías como la revisoría fiscal, acompañada por un fuerte desarrollo en innovación tecnológica. Entre estas innovaciones destacan los proveedores de software de reporting y reconciliación, con herramientas basadas en IA explicable y blockchain para la trazabilidad, cuyo crecimiento se prevé 

La clave prospectiva es que la confianza en la información —la fe pública— no se resuelve solo con normas, sino con transparencia, ética y capacidad explicativa. La fragmentación puede generar tensiones, pero también una oportunidad para que América Latina se posicione como región pionera en la integración de sostenibilidad, sustentabilidad y finanzas, garantizando credibilidad y competitividad en los mercados globales.

En el plano regulatorio, organismos como la SEC han mostrado reservas frente a la adopción plena de IFRS o frente a la inclusión de métricas climáticas, lo que evidencia que la legitimidad de la profesión contable puede quedar supeditada a factores políticos más que técnicos (IFAC, 2020). Ante ello, la respuesta de los gobiernos y reguladores debe incluir guías de conciliación, acuerdos de reconocimiento mutuo y programas de formación regional en IFRS, GAAP e ISSB.

La prospectiva muestra que la técnica contable seguirá siendo el puente entre marcos divergentes. El principio de representación fiel —compartido tanto por el IASB como por el FASB— constituye la base para sostener la credibilidad en la información y para mantener la contabilidad como lenguaje común de los negocios (IASB, 2018; FASB, 2010; Littleton, 1933). En última instancia, lo que está en juego no es solo la transparencia financiera o climática, sino la capacidad de la profesión para reafirmarse como garante de fe pública y de confianza social en tiempos de fragmentación normativa.

Referencias

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miércoles, septiembre 17, 2025

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN PERSPECTIVA: APRENDIZAJES DE LA AGENDA 2030 Y PROYECCIONES HACIA 2050

Como solían decir los abuelos cuando querían despedir una visita, el tiempo avanza y ya nos acercamos al año 2030 sin que se evidencien resultados contundentes en el marco de la Agenda 2030. El panorama global está marcado por guerras —grandes y pequeñas—, la deforestación del Amazonas, incendios tanto provocados como naturales, hambrunas que afectan tanto a países desarrollados como en desarrollo, y tensiones derivadas de la producción agrícola, entre cultivos tradicionales e hidropónicos. A ello se suman los desafíos en materia de igualdad de género, la persistencia de la xenofobia, el aumento de la pobreza que deriva en indigencia, y un deterioro constante de la salud y el bienestar (ONU, 2015; PNUD, 2022; Banco Mundial, 2020).

    La educación de calidad sigue siendo esquiva: en naciones con conflictos armados y, sorprendentemente, también en aquellas en paz, se observan hechos de violencia incluso dentro de colegios, escuelas y universidades (UNESCO, 2021). Por otro lado, el acceso al agua limpia y al saneamiento se reduce cada día, mientras los ríos y cuencas se contaminan. Además, el acaparamiento y la mercantilización por parte de grandes multinacionales dificultan aún más el acceso a este recurso vital, al punto de que para muchas personas obtener una simple botella de agua resulta inalcanzable (ONU-Agua, 2021; Oxfam, 2019).

        La transición hacia una energía asequible y no contaminante avanza lentamente. Aunque se promueve el uso de energías limpias, las fuentes tradicionales continúan fortaleciéndose, en especial por el respaldo de las multinacionales petroleras, que priorizan su poder económico y los altos rendimientos financieros que lo generan.

        En paralelo, el objetivo de garantizar trabajo decente y crecimiento económico se ve cada vez más lejano. El avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el inminente desarrollo de lo cuántico están reemplazando progresivamente la mano de obra, tanto en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. La inclusión de estas tecnologías en la producción y en las tareas administrativas ha derivado en un desempleo generalizado a nivel global, lo que limita las oportunidades para quienes ya no pueden insertarse en el mercado laboral. Esta situación también impacta a las nuevas generaciones, que pese a recibir educación, se enfrentan a un panorama incierto y cada vez más restrictivo.

        El crecimiento de las industrias y la innovación se ha visto fortalecido en gran medida por el apoyo de la tecnología y el auge del emprendimiento, en particular con la creación de pequeñas y medianas empresas en numerosos países. No obstante, este fenómeno también ha contribuido al incremento de la informalidad laboral, mientras que en las grandes industrias los puestos de trabajo han disminuido progresivamente.

     Por otro lado, las desigualdades persisten e incluso se profundizan. Las noticias muestran con frecuencia situaciones de racismo y la aprobación de normas, políticas y leyes que buscan restringir la migración. Al mismo tiempo, los conflictos armados y la falta de oportunidades obligan a miles de personas a abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, estos movimientos migratorios suelen despertar sentimientos de odio y resentimiento en las poblaciones receptoras, agudizando las tensiones sociales y económicas.

        En materia de comunidades y ciudades sostenibles, son muy pocos los avances reales. En algunos países los gobernantes apenas han tomado medidas superficiales, mientras que en otros no se ha hecho nada más allá de discursos que carecen de la fortaleza necesaria para convertirse en acciones concretas. Esta situación es especialmente crítica en naciones que carecen de cuencas hídricas o de grandes bosques, lo que limita sus posibilidades de sostenibilidad y de sustentabilidad.

        En contraste, algunos territorios han optado por estrategias de adaptación, como la recuperación de tierras al mar o el aprovechamiento de arenas desérticas para establecer grandes plantaciones destinadas tanto al autoabastecimiento como a la exportación. Sin embargo, estas iniciativas suelen responder más a intereses económicos y comerciales que a un verdadero compromiso con la producción y del consumo responsables. Así, se mantienen las desigualdades entre países que disponen de recursos y aquellos que carecen de medios naturales y económicos para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad en sus territorios.

       En lo relacionado con la acción por el clima, los avances son prácticamente invisibles. El cambio climático se manifiesta con mayor intensidad en ambos hemisferios, particularmente en las zonas tropicales, donde las sequías y las inundaciones se hacen cada vez más frecuentes bajo los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Estas alteraciones traen consigo pérdidas humanas, derrumbes, incendios, inundaciones y temperaturas extremas, configurando escenarios de riesgo permanente (IPCC, 2023; CEPAL, 2022).

        El calentamiento global también afecta ríos, mares y océanos, alterando la vida submarina. A ello se suma la pesca indiscriminada y la falta de protección a especies en peligro de extinción, incluidas las ballenas, lo que contribuye a la desestabilización de los ecosistemas acuáticos y de su equilibrio biótico y abiótico (FAO, 2020; WWF, 2021).

        De igual forma, los ecosistemas terrestres se ven cada día más vulnerados por la tala indiscriminada de bosques y la explotación minera sin control estatal. En numerosos casos, los intereses económicos —e incluso la complicidad de autoridades— han llevado al desvío o secado de ríos con el único propósito de extraer minerales, sacrificando así recursos naturales esenciales y profundizando la degradación ambiental (ONU Medio Ambiente, 2019; PNUD, 2021).

        Las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible han perdido vigor, desconocidas incluso por los propios países que conforman grupos como el G4, el G7 o el G20. Los compromisos globales orientados a mantener un planeta habitable y capaz de albergar el crecimiento poblacional han sido relegados, mientras la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas siguen siendo más una aspiración que una realidad.

        Las instituciones internacionales llamadas a proteger dichos acuerdos —como la Cruz Roja, la ONU, la OEA, entre otras— también han sido objeto de cuestionamientos, debido a que en ocasiones han desviado sus objetivos por intereses políticos o económicos, e incluso por prácticas que alimentan teorías conspirativas.

        Conviene recordar que el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 como un conjunto de objetivos globales destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada uno de estos objetivos fue acompañado de metas específicas a alcanzar en un plazo de quince años. Entre las iniciativas destacadas se encuentra Spotlight, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, la distancia entre las declaraciones oficiales y los resultados tangibles sigue siendo amplia.

        El nombre de la iniciativa Spotlight —que en inglés significa 'foco'— evoca la necesidad de iluminar una realidad que con frecuencia permanece en la oscuridad: la violencia contra mujeres y niñas. En muchos casos, esta violencia se niega, se oculta o se subestima, especialmente en países en conflicto, pero también en aquellos considerados desarrollados, donde rara vez se refleja en estadísticas oficiales y solo se visibiliza en los medios de comunicación cuando involucra a personas de interés público.

        El desafío es sacarla a la luz, convertirla en el centro de atención y adoptar medidas efectivas para erradicarla. Solo así será posible avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tal como lo plantea la Agenda 2030.

        Otro de los aspectos que no se mencionan explícitamente en los 17 ODS es el de la basura espacial (NASA, 2021; ESA, 2022), que circunda la Tierra, sobre la cual ningún país ha asumido responsabilidad directa. Una situación similar ocurre con la gran isla flotante de plásticos en el océano Pacífico, cuya limpieza avanza de manera demasiado lenta frente a la magnitud del problema. Aunque los medios de comunicación suelen abordarlo de forma limitada, estas problemáticas representan amenazas crecientes para la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta, al punto de que ya se discuten en la perspectiva de la Agenda 2050. (Jambeck et al., 2015; ONU Medio Ambiente, 2021).

        Aunque los medios de comunicación rara vez visibilizan estas problemáticas, ya se empieza a hablar de una Agenda 2050 que debería incorporar estos desafíos emergentes, pues su impacto trasciende las fronteras nacionales y compromete la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta a largo plazo (PNUD, 2022).

       Si proyectamos la mirada hacia el año 2050, se vislumbra una gran diversidad de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y la inclusión social. Entre ellos destaca la iniciativa de la Universidad Privada del Norte, denominada “Manos que Hablan”, la cual surgió a partir del proyecto “Manos con Voz”. Esta propuesta identificó las limitaciones comunicativas de la comunidad sorda en el Perú y buscó ampliar y robustecer su alcance mediante la integración de tecnologías innovadoras. El resultado ha sido un sistema que emplea inteligencia artificial para reconocer la lengua de señas peruana y traducirla a texto escrito, con el propósito de facilitar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y quienes no dominan esta lengua. De esta manera, el proyecto fomenta la empatía, la accesibilidad y la inclusión en distintos entornos educativos y sociales.

        El sistema “Manos que Hablan” emplea visión por computadora, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, además de herramientas como Python, Tensor Flow y OpenCV, lo que permite procesar los gestos y transformarlos en lenguaje escrito en tiempo real. Este tipo de desarrollos tecnológicos refleja cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la accesibilidad y a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en diversos entornos (Universidad Privada del Norte, 2021; Pineda & Velásquez, 2020).

        Por otra parte, en el ámbito social y económico, resulta relevante analizar las proyecciones de la corrupción y su impacto en el desarrollo sostenible. De acuerdo con José Antonio Flores Rosas, especialista en prevención, detección e investigación de fraudes, si los recursos desviados por corrupción se destinaran a inversión pública, cada año sería posible construir alrededor de 30 hospitales de alta complejidad, equipar miles de colegios con tecnología de punta y garantizar una pensión digna a medio millón de jubilados. Lo que parece un sueño inalcanzable es, en realidad, el futuro que la corrupción roba sistemáticamente a la sociedad (Flores Rosas, 2020; Transparencia Internacional, 2022).

        Según datos oficiales de la Contraloría General de la República, en el año 2023 la corrupción y la inconducta funcional le costaron al Perú la escandalosa suma de S/ 24,268 millones (Contraloría General de la República, 2023). Esta tendencia constituye una verdadera catástrofe anunciada, debido a que las proyecciones para el periodo 2024-2025 mantienen la misma línea: alrededor de S/ 24,300 millones en 2024 y posiblemente más de S/ 24,500 millones en 2025.

       En términos prácticos, este monto representa recursos que deberían destinarse a infraestructura social, salud, educación y programas de bienestar, pero que terminan diluyéndose en obras fantasmas, adquisiciones sobrevaloradas y en el enriquecimiento ilícito de unos pocos (Transparencia Internacional, 2022; PNUD, 2021). Se trata de un fenómeno que diversos analistas denominan “el cáncer del desarrollo” y que amenaza con minar la gobernabilidad democrática, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad, lo que sucede también en los demás países latinoamericanos incluyendo Colombia.

        Al mismo tiempo, especialistas en control han planteado que la “vacuna” contra esta problemática no es otra que el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección temprana y sanción efectiva, mediante la integración de tecnologías disruptivas (big data, inteligencia artificial, blockchain), controles internos sólidos y una mayor participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos (Flores Rosas, 2020; OCDE, 2020).

      El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei en Argentina por ejemplo, presentó recientemente expone con claridad, según especialistas consultados por La Nación (2025), la escasa prioridad que su agenda otorga a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para diversos analistas, la reducción de fondos en este ámbito no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

        De acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente sufrirá una disminución del 21 % en términos reales respecto a lo asignado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado menos del 60 % de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre las políticas de conservación y la protección de bosques nativos (La Nación, 2025), esto le hace falta fortalecerlo las demás naciones de la región latinoamericana, como lo mencionaba Fidel Castro en su discurso “Sobre el tema de sostenibilidad ya lo había visto venir Fidel Castro y hoy en día que hemos hecho? Se acerca el año 2030 https://www.facebook.com/watch?v=195553752669470 

        En este contexto, organismos internacionales como la Fundación IFRS han señalado la importancia de los denominados “Caminos de los pioneros”, en los que empresas líderes ya están aplicando las Normas ISSB para divulgar información sobre sostenibilidad que responda a las necesidades de los inversionistas de contar con información útil para la toma de decisiones (IFRS, 2023). Actualmente, al menos 36 jurisdicciones se encuentran en proceso de adoptar dichas normas, lo que refleja un avance en la armonización internacional de los reportes de sostenibilidad y de la sustentabilidad.

        Sin embargo, surgen múltiples interrogantes como bien lo han mencionado anteriormente: ¿cómo están gestionando las empresas líderes este cambiante entorno regulatorio?, ¿de qué manera están utilizando las Normas ISSB como guía para cumplir con los nuevos requisitos de divulgación global?, ¿qué consideraciones tienen los organismos reguladores al desarrollar estas disposiciones? Una pregunta crucial subyace a todas ellas: ¿es suficiente este esfuerzo para detener el cambio climático, y existe una verdadera voluntad de las demás jurisdicciones para que tanto las grandes industrias como las pymes implementen estas medidas y asuman conciencia real de su responsabilidad en la sostenibilidad?

          Veamos ahora qué nos plantea la Agenda 2050. Si bien se refiere a planes y estrategias de largo plazo orientados a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, resiliencia climática y bienestar social y económico hacia mediados de siglo, toma como punto de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

        Un ejemplo de ello es la Estrategia 2050 de Colombia, que busca consolidar un país resiliente al clima, competitivo, circular y carbono neutral (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). De manera similar, la iniciativa Visión 2050 de Forética (España) establece una hoja de ruta para que las empresas transformen los sistemas económicos hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social (Forética, 2021).

       En el siguiente cuadro se le da una estructura y respaldo académico e institucional al texto, permitiendo mostrar que la Agenda 2050 no solo se conecta con la Agenda 2030, sino que amplía sus metas en distintos frentes estratégicos.

Cuadro de los Aspectos clave de la Agenda 2050


Aspecto clave                             Fuente principal                                  Aporte a la Agenda 2050

Demografía y migraciones ONU DESA (2019); OIM (2020) Proyecciones de crecimiento poblacional y movilidad humana, fundamentales para planificar sostenibilidad y cohesión social.

Transformación digital e inteligencia artificial European Commission (2021); Floridi (2019) Debate ético y regulatorio sobre IA y tecnologías emergentes para asegurar un desarrollo inclusivo y responsable.

Geopolítica y gobernanza global WEF (2023); Sachs (2021) Identificación de riesgos globales y análisis de cómo las instituciones deben adaptarse a crisis transnacionales.

Justicia intergeneracional y equidad social Raworth (2017); Informe Brundtland (1987) Inclusión del principio de equidad entre generaciones y modelos económicos sostenibles (economía del donut).

Seguridad alimentaria e hídrica FAO (2021); IPCC (2022) Retos para garantizar acceso a alimentos y agua bajo escenarios de cambio climático y estrés hídrico.

Finanzas sostenibles y transición energética IFRS Foundation (2023); IEA (2021) Estándares internacionales (ISSB) y rutas hacia la descarbonización y energías limpias.

Salud global y riesgos pandémicos OMS (2022); Kickbusch & Leung (2020) Preparación frente a pandemias y vínculo entre salud y cambio climático.

Participación ciudadana y gobernanza local ONU-Hábitat (2020, 2016) Importancia de ciudades sostenibles, resilientes y participativas en el cumplimiento de la Agenda 2050.

Fuente: elaborado por el autor

Los componentes comunes de una Agenda 2050 suelen concentrarse en cuatro ejes fundamentales:

El desarrollo sostenible: armonización del crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.

La resiliencia al cambio climático: adaptación y mitigación frente a los impactos climáticos para asegurar un futuro sostenible.

Una economía circular: transición hacia un modelo basado en la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, minimizando los impactos negativos.

La innovación y tecnología: promoción de la investigación y el desarrollo como motor de transformación social y económica.

        Estos enfoques se reflejan en diversos planes nacionales. En Colombia, la Estrategia 2050 prioriza la resiliencia climática, la competitividad económica, la seguridad hídrica y la conservación de la biodiversidad. En España, el proyecto España 2050 constituye un ejercicio de prospectiva que diseña un plan de largo plazo para enfrentar los retos medioambientales, sociales y económicos de las próximas décadas (Gobierno de España, 2021). Por su parte, la Visión 2050 de Forética identifica nueve rutas de transformación en sectores clave, impulsando al sector empresarial hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad.

        En conclusión, puede afirmarse que las Agendas 2050 se construyen sobre los cimientos de la Agenda 2030, ampliando y adaptando sus metas hacia un horizonte más lejano. Su propósito es acelerar y consolidar el cumplimiento de los objetivos previstos para 2030, reconociendo que muchas naciones aún enfrentan serias dificultades para alcanzar sus compromisos ambientales y sociales. Ante este panorama, las universidades, las agremiaciones de todas las disciplinas, la CGN, la CGR, los entes de control y quienes emiten las leyes deben tomar conciencia de la situación, renovar sus planes de estudio y fortalecer la planeación tanto en el sector público, privado y social. Solo así será posible consolidar la sostenibilidad y la sustentabilidad, mejorar la calidad de vida y contribuir a la minimización y mitigación del cambio climático.

         Por lo tanto es importante y necesario desde ahora fortalecer los aspectos relacionados con la agenda 2030 para la agenda del 2050 como lo es La demografía y migraciones, por el crecimiento poblacional, el envejecimiento en regiones desarrolladas y la presión migratoria en zonas vulnerables (África, América Latina, Medio Oriente) de cómo estos factores afectan la planificación hacia 2050 (FAO, ONU DESA).

           La transformación digital y ética de la IA, donde la inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y robótica como motores de cambio que son retos éticos y sociales, con sesgos, gobernanza digital, concentración de poder tecnológico. En lo geopolítico y gobernanza global, donde el papel de los bloques (G20, UE, BRICS) y la fragilidad de los acuerdos multilaterales, por lo que los desafíos en torno a recursos críticos como lo son el agua, litio, tierras raras, energía.

        En cuanto a la justicia intergeneracional y equidad social, del cómo garantizar que las políticas actuales no comprometan los derechos de las generaciones futuras y el rol de la educación en construir sociedades sostenibles hacia 2050. A lo que respecta a la seguridad alimentaria e hídrica, este vínculo esta entre una agricultura sostenible, desertificación, pérdida de biodiversidad y agua potable como lo son los escenarios de riesgo de la FAO y el IPCC.

        Por otra parte se encuentran las finanzas sostenibles y transición energética, donde el papel de los mercados financieros, la inversión responsable (ESG) y las normas ISSB, traen un reto de abandonar los combustibles fósiles y masificar energías renovables. Así como también está la salud global y riesgos pandémicos, ello con base a la experiencia del COVID-19 el cual dejó aprendizajes en sistemas de salud, cooperación internacional y biotecnología, por lo tanto el vincular salud pública y cambio climático (olas de calor, nuevas enfermedades zoonóticas), por ultimo estría la participación ciudadana y gobernanza local, por la importancia de la descentralización, ciudades sostenibles y gobiernos locales en la implementación de agendas 2050, como por ejemplo, las ciudades resilientes al 2050 (ONU-Hábitat).

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https://www.linkedin.com/pulse/sostenibilidad-y-sustentabilidad-en-perspectiva-de-la-fonseca-vivas-9qive 

jueves, agosto 01, 2024

LA AUDITORIA FORENSE Y EL DERECHO PENAL.

Cuando se habla de auditoria forense nunca se toca el tema del derecho penal lo cual es una de las partes más importantes de la misma debido a que en ella está basada la parte de lo forense atribuido a las ciencias forenses incluidas dentro de la criminología y la criminalística que fortalecen las evidencias físicas o los elementos materiales probatorios – EMP y las pruebas judiciales, las cuales hablaremos de ellas aquí.

    Iniciemos viendo el significado que se le ha dado al derecho donde vale la pena con relación a este tema recordar el viejo y sabio apotegma latino lus ex facto oritur, esto es, el derecho nace del hecho1, por lo tanto el derecho es un conjunto de normas, principios y reglas que rigen las relaciones humanas en una sociedad. Estas normas son creadas, interpretadas y aplicadas por diversas instituciones, como legislaturas, tribunales, cortes y organismos administrativos de justicia, con el objetivo de regular la conducta de los individuos y las instituciones, asegurar la justicia, y mantener el orden social.

    Algunos de los autores más significativos que han definido el derecho se encuentra Hans Kelsen2 quien definió el derecho como un sistema de normas coercitivas, donde dichas normas jurídicas son mandatos que, en última instancia, pueden ser respaldados por la fuerza estatal. Otro de los autores es Norberto Bobbio3 quien describió el derecho como un conjunto de reglas que tienen el propósito de regular las relaciones sociales y cuya característica principal es la coercitividad, es decir, la capacidad de imponer sanciones.

    También se encuentra dentro de las definiciones del derecho John Austin4 que definió el derecho como un conjunto de mandatos emitidos por un soberano a quien la sociedad está habituada a obedecer, y que están respaldados por la amenaza de una sanción en caso de incumplimiento y entre otro de los más destacados en la definición del derecho está el político brasileño Miguel Reale5 quien propuso una concepción tridimensional del derecho, integrando la norma “el deber ser”, el hecho social “la realidad social” y el valor “la justicia”, para explicar cómo las normas jurídicas se relacionan con la sociedad y sus valore y finalmente entre muchas otras  definiciones que desprenden de los anteriores autores está la de la Real Academia Española (RAE) que define al derecho como el conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.

    De otra parte es establecer quien o quienes definen el derecho nos encontramos con los i) Legisladores: quienes son los que crean las leyes mediante procesos legislativos en los parlamentos y congresos. Ii) Jueces y tribunales: quienes interpretan y aplican las leyes en casos específicos, estableciendo precedentes y doctrinas legales. iii) Doctrina jurídica: aquellos académicos y juristas que estudian y escriben sobre el derecho, contribuyen a la interpretación y desarrollo del mismo y iv) Órganos administrativos: quienes implementan y regulan normas específicas en áreas como el comercio, el medio ambiente, la salud, entré otros. Por lo tanto, el derecho es una disciplina dinámica que evoluciona con la sociedad, adaptándose a nuevos desafíos y contextos históricos, sociales y culturales.

    Ahora bien, ya determinando que es el derecho y dentro de este existen muchas ramas y una de ellas es el derecho penal y que mucho más importante para los propósitos declarados anteriormente, resulta importante analizar el proceso de la elaboración de normas penales atendiendo no meramente a las formas jurídicas, sino también a los fenómenos que dan lugar al nacimiento del derecho, a esos hechos que el gran jurista francés Julien Bonnecase6 designaba como fuentes reales del derecho, por oposición a las llamadas fuentes formales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia etcétera. 

    Así mismo la definición del derecho penal ha sido definido y desarrollado por varios juristas y pensadores a lo largo de la historia. Entre los cuales se presentan algunos de los más influyentes, como lo son Cesare Beccaria7, quien es considerado uno de los fundadores del derecho penal moderno. Su obra más famosa, De los delitos y las penas (1764), abogó por reformas en el sistema penal, incluyendo la abolición de la tortura y la pena de muerte, y la aplicación de penas proporcionales al delito. Se encuentra el alemán Franz von Liszt9 quien fue un destacado penalista alemán que contribuyó al desarrollo de la escuela moderna del derecho penal. Defendió la teoría de la prevención especial y la importancia de la rehabilitación del delincuente.

    Así mismo está el penalista italiano Enrico Ferri10 jurista y criminólogo italiano, Ferri fue uno de los principales representantes de la escuela positivista del derecho penal. Creía que el comportamiento criminal era el resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales, y abogó por un enfoque científico en la penalización y rehabilitación de los delincuentes. El criminólogo y sociólogo alemán Hans von Hentig11  que desarrolló la teoría de la victimología y estudió la relación entre el delincuente y la víctima, sugiriendo que el comportamiento de la víctima podía influir en la comisión del delito y entre muchos otros se encuentra el español Luis Jiménez de Asúa13 quien fue un jurista y penalista, uno de los más importantes penalistas del siglo XX en el ámbito hispanoamericano. Su obra Tratado de derecho penal es una referencia fundamental en esta materia. Estos juristas y sus contribuciones han sido fundamentales para la evolución del derecho penal y la criminología, sentando las bases para las teorías y prácticas modernas en estas disciplinas.

    Por lo tanto el derecho penal es que de acuerdo con las crisis que según el profesor argentino Jorge Frías Caballero  quien contribuyó al análisis y comprensión del derecho penal y su aplicación en el contexto latinoamericano, y su trabajo tuvo un impacto significativo en la formación y enseñanza del derecho penal en la región. Su enfoque en el derecho penal y la criminología ha sido relevante para el estudio y desarrollo de la materia en varios países de habla hispana, donde menciono “En un mundo inmerso en una crisis universal, cultura, filosófica, policía, económica, social etc. no es en absoluto extraño que el total del sistema penal se encuentre así mismo en crisis”, por lo tanto esa crisis ha dado lugar, en el campo académico, a la irrupción de diversas propuestas que van desde la extrema del abolicionismo penal, hasta la más moderada tesis del llamado minimalismo o derecho penal mínimo.

    Basados en los antecedentes anteriores definimos que el derecho penal es la que destaca el alemán Von Liszt quien establece que la función del derecho penal no solo en la imposición de penas, sino también en la protección del orden social y los derechos fundamentales, lo que la hace muy relevante y aplicable en el estudio y práctica del derecho penal, quien lo definió el derecho penal como: "El conjunto de normas que tipifican las conductas consideradas como delitos y establecen las penas y medidas de seguridad correspondientes para quienes las cometen, con el fin de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y garantizar el orden social."

    Esta definición es muy coherente porque abarca los aspectos fundamentales y que servirán para el entendimiento de su manejo dentro de la auditoria forense, desde los aspectos más relevantes como lo son: i) La tipificación de conductas: donde se especifica qué conductas son consideradas delitos. ii) El establecimiento de penas y medidas de seguridad: donde se define las consecuencias legales para quienes cometen delitos y iii) La protección de bienes jurídicos y orden social: donde se enfatiza el objetivo fundamental del derecho penal, que es proteger los intereses y valores fundamentales de una sociedad.

    Ahora bien hablemos que dentro del derecho penal esta la criminalística es fundamental para la investigación criminal moderna y su desarrollo ha sido impulsado por la integración de la ciencia en el proceso judicial, permitiendo una comprensión más precisa y objetiva de los delitos como lo es mencionado en el derecho penal. Por lo tanto una de las definiciones que más aportan para el manejo de la auditoria forense esta que la criminalística es una disciplina que se encarga de la aplicación de técnicas y métodos científicos para la investigación de delitos, con el objetivo de identificar y analizar evidencias físicas y técnicas que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y contribuir a la administración de justicia, esta una descripción general y moderna de la criminalística que refleja los principios y objetivos fundamentales de la disciplina. No es una cita directa de uno de los autores clásicos que se mencionaran como Hans Gross, Edmund Locard o Paul L. Kirk, pero está alineada con sus enfoques y contribuciones a la criminalística.

    Los autores más destacados en la definición de la criminalística se encuentran, Hans Gross14 quien es conocido como el "padre de la criminalística", Hans Gross definió la criminalística como el "conjunto de técnicas y conocimientos científicos aplicados a la investigación y resolución de delitos", en su obra Manual del juez de instrucción (1893), enfatizó la importancia de integrar las ciencias naturales y sociales en el proceso investigativo para obtener evidencia confiable. Otro de los autores es Edmund Locard15 es famoso por su principio de intercambio, que sostiene que "todo contacto deja un rastro". Definió la criminalística como la aplicación de métodos científicos para la identificación, análisis y evaluación de evidencias en el contexto de la investigación criminal. Su enfoque ha sido fundamental en el desarrollo de técnicas forenses modernas y también se encuentra Paul L. Kirkn16 destacado criminólogo y experto en criminalística, Kirk definió la criminalística como el uso de los métodos científicos en la resolución de delitos. En su obra Crime Investigation (1953), enfatizó la aplicación de técnicas de laboratorio y análisis científico para la resolución de casos criminales.

    Estos autores han influido significativamente en la conceptualización y desarrollo de la criminalística, y sus definiciones y principios han dado forma a cómo se entiende y practica la disciplina hoy en día. La definición generalizada que proporcionas encapsula los objetivos y métodos de la criminalística como una ciencia aplicada en la investigación criminal.

    Por otro lado está la criminología que es parte integral del derecho penal establecemos que es una disciplina multidimensional que busca entender el crimen desde diferentes perspectivas para crear soluciones efectivas y justas o es el estudio científico del crimen, sus causas, efectos y las medidas que se pueden tomar para prevenirlo. Esta disciplina analiza los aspectos sociológicos, psicológicos, biológicos y económicos del comportamiento delictivo, así como las respuestas sociales y legales al crimen.

    Los principales enfoques y teorías que encontramos en la criminología tenemos a las: i) Teorías, las cuales contienen factores genéticos y biológicos los cuales pueden influir en el comportamiento delictivo, o teorías, las cuales enfatizan la influencia de la personalidad, el desarrollo psicológico y los trastornos mentales en la conducta criminal, ii) Las teorías sociológicas, que consideran, que el entorno social, las relaciones y la estructura social influyen en la delincuencia. Esto incluye teorías como la teoría de la anomia, la teoría del etiquetado y la teoría del aprendizaje social y iii) Las teorías del control social, las cuales argumentan que las instituciones sociales y las normas que regulan y controlan el comportamiento, y la falta de estas puede llevar a la criminalidad.

    Para ello se tienen áreas de estudio en la criminología como lo son: i) La víctima, donde se enfoca el estudio de las víctimas del crimen y sus interacciones con los delincuentes o victimarios y el sistema de justicia penal. ii) La penología, donde se realiza el estudio de los procesos y sistemas de castigo y rehabilitación de los delincuentes. iii) La criminología comparada, que analiza y compara los sistemas de justicia penal y las tasas de criminalidad en diferentes países y culturas, donde la criminología se centra en la aplicación práctica de las teorías y métodos criminológicos para resolver problemas específicos.

    Quienes han estudiado y son autores en la criminología que han sido destacadas tenemos a el Italiano Cesare Lombroso17 quien es considerado uno de los padres de la criminología moderna, desarrolló la teoría del criminal nato, que sugería que ciertos individuos nacen con predisposiciones hacia el comportamiento, el francés Emile Durkheim18  un sociólogo francés que introdujo la teoría de la anomia, la cual sugiere que la falta de normas claras en una sociedad puede llevar al comportamiento criminal.

    También encontramos a los estadounidenses Edwin Sutherland19 quien desarrolló la teoría del aprendizaje diferencial, que sostiene que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros, se encuentra también Robert K. Merton20 que propuso la teoría de la tensión, que sugiere que la discrepancia entre los objetivos culturales y los medios disponibles para alcanzarlos puede llevar al comportamiento delictivo y entre otros Travis Hirschi21 que es conocido por su teoría del control social, que postula que los vínculos sociales fuertes evitan la conducta delictiva.

    Pero hay otra definición que es parte integral y relacionada con el derecho penal y es las ciencias forenses que son esenciales para la resolución de crímenes en la administración de justicia, proporcionando una base científica sólida para la investigación y el análisis de evidencias en contextos legales, por lo que es una disciplina multidisciplinaria que aplica principios y técnicas científicas para investigar y resolver crímenes. Estas ciencias se utilizan para recolectar, analizar e interpretar evidencia física y biológica, con el fin de proporcionar información crucial en procedimientos legales y las ciencias forenses juegan un papel esencial en el sistema de justicia penal, ayudando a los investigadores a entender cómo ocurrieron los crímenes y a identificar a los responsables. 

    Encontramos en muchas otras ciencias forenses las áreas principales como lo son: i) La criminalística, como se mencionaba anteriormente esta se enfoca en la recogida, preservación y análisis de las evidencias físicas, los elementos materiales probatorios y las pruebas judiciales encontradas en la escena del crimen. Incluye el estudio de huellas dactilares, balística, marcas de herramientas, análisis de restricciones, entre muchas otras ciencias que le apoyan, ii) La medicina forense la que involucra la aplicación de principios médicos para investigar muertes, lesiones y enfermedades en contextos legales. Los médicos forenses realizan autopsias para determinar la causa y la manera de la muerte financiera o económica. iii) La antropología forense, que se centra en la identificación de restos humanos esqueletizados, quienes pueden determinar la edad, sexo, estatura y posibles traumas de los restos, iv) La odontología Forense, que utiliza el estudio de los dientes y las estructuras bucales para identificar a víctimas y sospechosos. También puede determinar la edad y analizar marcas de mordeduras. v) La entomología Forense, que estudia los insectos y otros artrópodos que colonizan los restos humanos y quienes pueden estimar el tiempo de la muerte basado en el desarrollo y la sucesión de los insectos en el cuerpo, vi) La toxicología Forense, la que analiza muestras biológicas para detectar la presencia de drogas, alcohol, venenos y otros tóxicos. Los toxicólogos forenses ayudan a determinar si sustancias químicas contribuyeron a la muerte o afectaron el comportamiento de una persona, vii) La genética Forense, esta utiliza técnicas de análisis del ADN para identificar a individuos y establecer relaciones biológicas. El ADN es una herramienta poderosa en la identificación de víctimas y posibles sospechosos o victimarios, viii) La informática Forense, esta se encarga de la recuperación y análisis de datos en dispositivos electrónicos. Los expertos en informática forense investigan delitos cibernéticos y recuperan la evidencia digital y entre otras ix) La psicología Forense que aplica principios psicológicos en el contexto legal, incluyendo la evaluación de la competencia mental, la elaboración de perfiles criminales y el testimonio experto en los tribunales.

    A todo esto las ciencias forenses son una disciplina multidisciplinaria que aplica principios y técnicas científicas para investigar y resolver crímenes. Estas ciencias se utilizan para recolectar, analizar e interpretar evidencia física y biológica, con el fin de proporcionar una información crucial en procedimientos legales en las cortes o en los tribunales ante un juez o jurados. Las ciencias forenses juegan un papel esencial en el sistema de la administración de la justicia penal, ayudando a los investigadores a entender cómo ocurrieron los crímenes y  de esta forma poder identificar a los responsables o victimarios.

    Registrado esto, se muestra las aplicaciones que se le da a las ciencias forenses, como lo en la: i) Investigación Criminal, donde ayudan a los investigadores y fiscales a resolver crímenes proporcionando una mejor y clara evidencia científica. Ii) Identificación de Víctimas, donde permiten la identificación de personas fallecidas, especialmente en casos donde los cuerpos están descompuestos o mutilados, iii) Evaluación de Pruebas, donde se analizan y validan la autenticidad y relevancia de las pruebas judiciales presentadas en los tribunales o en la corte, iv) Prevención de Crimen, estas ayudan a entender las causas y patrones delictivos, lo que puede contribuir a desarrollar estrategias para la prevención y entre otras como es de su importancia v) Asesoramiento jurídico, para ello los expertos forenses pueden servir como testigos expertos o peritos auxiliares de la justicia, proporcionando testimonios y explicaciones científicas en los juicios.

    Referida a este contexto, la relación entre la auditoria forense sabiendo que la auditoría forense implica la investigación de crímenes económicos y financieros donde se determina, se identifica con el apoyo de otras disciplinas como la aplicación de técnicas contables y de investigación para detectar fraudes y delitos financieros, donde las ciencias forenses y la auditoría forense se relacionan en la medida en que ambas aplican métodos científicos y analíticos para investigar y resolver problemas legales determinando a las víctimas y victimarios y establecen el impacto que esto genero desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Mientras que las ciencias forenses se centran en la evidencia física y biológica y la auditoría forense se enfoca en la evidencia financiera y contable y se relaciona con el derecho, el derecho penal, la criminología, la criminalística y las ciencias forenses en varios aspectos importantes.

    En, el conjunto de la auditoría forense que es una herramienta esencial en el sistema de la administración de la justicia que complementa a las ciencias de los delitos tradicionales al abordar en el ámbito financiero y contable. Aquí no se pretende desconocer que se podría puede establecer que la auditoria para la auditoria forense se aplican técnicas de investigación y la contabilidad para identificar fraudes, malversaciones económicas y financieros, por lo que se relaciona con el derecho en los aspectos como lo son los auditores forenses deben asegurarse de que las investigaciones y los informes y/o dictámenes forenses  cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.

    Una vez hecha la anterior precisión están también las pruebas legales de cuyos hallazgos de una auditoría forense pueden ser utilizados como evidencias físicas o elementos materiales probatorios en procedimientos legales. Los auditores forenses pueden testificar en forma oral en los juicios como testigos expertos o peritos auxiliares para explicar sus hallazgos y cómo se llegaron a ellos y en las investigaciones de delitos financieros, donde colaboran con abogados y autoridades para resolver casos de fraude, lavado de activos, blanqueo de dinero y otros fraudes y delitos económicos y financieros.

    En el ámbito del derecho penal, la auditoría forense es crucial para la investigación en fraudes y delitos financieros, donde ayudan a investigar las finanzas y contabilidad, como fraude corporativo, malversación de fondos y corrupción. Otro de los aspectos fundamentales es el desarde de la evidencia, que proporciona una evidencia técnica y detallada sobre las transacciones financieras y patrones de conducta sospechosos que pueden ser relevantes en casos penales y con la colaboración con las autoridades que trabajan junto a fiscales, policías e investigadores en crímenes económicos y financieros para construir casos sólidos basados en evidencias financieras.

    La auditoría forense también se relaciona con la criminología en aspectos tales como en el estudio del fraude, donde la auditoría forense ayuda a entender los patrones del fraude y de los delitos como en la malversación, lo que contribuye al estudio de los comportamientos criminales en el contexto económico y financiero, donde hay que advertir que aunque la auditoria forense no es “preventiva”, con los resultados de sus investigaciones y lecciones o experiencias aprendidas puede ayudar a que se eviten a través de las recomendaciones y/o sugerencias en los informes de auditoria crímenes económicos y financieros en la prevención de crimen, en donde los conocimientos obtenidos a partir de auditorías forenses pueden informar estrategias de prevención del delito financiero, corrupción e impunidad, como también en el análisis de casos, donde los auditores forenses pueden proporcionar información que complementa el análisis criminológico con la transversalidad sobre la motivación y los métodos de los delincuentes o victimarios. 

    Desde esta perspectiva la auditoría forense y la criminalística se interceptan principalmente en el contexto de la reunidad y el análisis de evidencia, que aunque la criminalística se enfoca en evidencias físicas como biológicas, en algunos casos, los hallazgos de una auditoría forense pueden ser presentados junto con evidencia física o pruebas judiciales o elementos materiales probatorios en casos que involucran fraudes y/o delitos económicos y financieros con sus componentes físicos, como documentos falsificados y en la metodología de la investigación, donde ambas disciplinas utilizan métodos rigurosos para la recopilación y análisis de evidencia. La auditoría forense aplica técnicas donde se encuentra lo contable y de investigación, mientras que la criminalística aplica métodos científicos para analizar evidencia física.

    Lo que se refiere a la auditoría forense y las ciencias forenses donde estas abarcan una amplia gama de disciplinas científicas aplicadas a la resolución de crímenes, mientras que la auditoría forense es una rama específica centrada en lo económico y en lo financiero, relacionándose en la intersección de Especialidades  como lo es la auditoría forense donde se considera una especialización dentro de las ciencias forenses en el campo del derecho penal que se enfoca en investigaciones en crímenes económicos y delitos financieros, así mismo comparte la base metodológica de las ciencias forenses en términos de rigor investigativo y análisis detallado.

    Otro aspecto fundamental donde se relacionan la auditoria forense y las ciencias forenses es en caso de la evidencia en casos legales en la administración de la justicia, donde los hallazgos de la auditoría forense hacen o pueden formar parte del conjunto de pruebas judiciales en una investigación criminal, especialmente en casos de fraudes o en delitos económicos y financieros con las técnicas de auditoría forense se complementan otras áreas de las ciencias forenses en la resolución de crímenes complejos es decir de estas relaciones con el derecho la auditoría forense proporciona evidencias físicas o elementos materiales probatorios o pruebas judiciales y los correspondientes análisis técnicos que se utilizan en procedimientos legales.

    Con el derecho penal donde se ayuda a investigar y resolver delitos financieros y proporcionando evidencia crucial en juicios penales, donde la criminología, les ofrece insights22 sobre el comportamiento delictivo financiero y contribuye a resolver casos del crimen económico y financiero que como se mencionó lo complementan las ciencias Forenses donde se considera una especialización dentro de las ciencias forenses, enfocada en el análisis de evidencias económicas, financieras y contables.

    Es importante recordar que la auditoría forense no es una auditoria preventiva, debido a que su propósito es determinar los hechos y las causas que generaron un crimen económico o financiero. Este tipo de auditoría involucra la identificación de víctimas y responsables, evaluando los impactos tanto cualitativos como cuantitativos. Los expertos o peritos forenses, especializados en diversas disciplinas y conocimientos.

1  RESTREPO F. Jorge, (2002) Criminología, Editorial Temis S.A. Bogota, D.C. pg. 325

2  Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 y falleció el 19 de abril de 1973. Kelsen fue un destacado jurista y filósofo del derecho, conocido principalmente por su teoría pura del derecho y su enfoque normativista del sistema jurídico.

3  Norberto Bobbio nació el 18 de octubre de 1909 y falleció el 9 de enero de 2004. Fue un influyente filósofo, jurista y politólogo italiano, conocido por sus contribuciones en los campos de la teoría del derecho y la teoría política.

4  John Austin nació el 3 de marzo de 1790 y falleció el 1 de diciembre de 1859. Fue un destacado jurista y filósofo británico, conocido por su teoría del derecho positivo y su enfoque analítico de la jurisprudencia.

5  Miguel Reale nació el 6 de noviembre de 1910 y falleció el 14 de abril de 2006. Fue un destacado jurista, filósofo y político brasileño, conocido por su concepción tridimensional del derecho, que integra norma, hecho y valor.

6 Julien Bonnecase nació el 6 de abril de 1878 y falleció el 9 de diciembre de 1950. Fue un destacado jurista francés conocido por sus contribuciones al estudio de la metodología jurídica y la teoría general del derecho.

7  RESTREPO F. Jorge, (2002) Criminologia, Editorial Temis S.A. Bogota, D.C. pg. 324

8 Cesare Beccaria nació el 15 de marzo de 1738 y falleció el 28 de noviembre de 1794. Fue un influyente filósofo y jurista italiano, conocido principalmente por su obra "De los delitos y las penas" (1764), en la que abogó por reformas en el sistema penal y promovió ideas como la proporcionalidad de las penas y la abolición de la tortura y la pena de muerte.

9  Franz von Liszt nació el 2 de marzo de 1851 y falleció el 21 de junio de 1919. Fue un destacado jurista alemán que contribuyó significativamente al desarrollo del derecho penal y criminología.

10 Enrico Ferri nació el 25 de febrero de 1856 y falleció el 12 de abril de 1929. Fue un importante criminólogo y penalista italiano, conocido por sus contribuciones a la escuela positivista del derecho penal y su enfoque científico en la criminología.

11  Hans von Hentig nació el 9 de junio de 1887 y falleció el 6 de julio de 1974. Fue un criminólogo y sociólogo alemán conocido por su trabajo en el campo de la victimología y la relación entre el delincuente y la víctima.

12 Luis Jiménez de Asúa nació el 19 de junio de 1889 y falleció el 16 de noviembre de 1970. Fue un destacado jurista y penalista español, conocido por su obra en derecho penal y su influencia en la teoría y práctica de esta disciplina en el ámbito hispanoamericano.

13  Jorge Frías Caballero (1902-1982) fue un destacado jurista y profesor de derecho penal y criminología en Chile. Es conocido por su influencia en el desarrollo del derecho penal en América Latina y por su obra en la teoría del derecho penal y la criminología.

14  Hans Gross nació el 26 de noviembre de 1847 y falleció el 15 de noviembre de 1915. Es conocido como el "padre de la criminalística" debido a sus contribuciones fundamentales a la integración de métodos científicos en la investigación criminal. Su obra más influyente, Manual del juez de instrucción (1893), estableció las bases para la aplicación de técnicas científicas en la investigación de delitos.

15  Edmund Locard nació el 13 de diciembre de 1877 y falleció el 4 de mayo de 1966. Es conocido por desarrollar el principio de intercambio, que sostiene que "todo contacto deja un rastro". Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la criminalística y la aplicación de métodos científicos en la investigación de delitos.

16  Paul L. Kirk nació el 1 de octubre de 1902 y falleció el 10 de julio de 1970. Fue un destacado criminólogo y experto en criminalística, conocido por sus importantes contribuciones a la aplicación de técnicas científicas en la investigación criminal y por su trabajo en la evaluación y análisis de pruebas en el contexto legal.

17  Cesare Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835 y falleció el 19 de octubre de 1909, fue un médico y criminólogo italiano conocido por su teoría del criminal nato, la cual proponía que ciertas características físicas podían identificar a los delincuentes. Su trabajo es considerado fundamental en el desarrollo de la criminología moderna, aunque muchas de sus ideas han sido ampliamente debatidas y criticadas en la actualidad.

18  Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 y falleció el 15 de noviembre de 1917, fue un sociólogo francés y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la sociología y la criminología. Su teoría de la anomia y sus estudios sobre la cohesión social y las normas han tenido un impacto duradero en el campo.

19 Edwin Sutherland nació el 13 de agosto de 1883 y falleció el 11 de octubre de 1950, fue un sociólogo estadounidense conocido por su teoría del aprendizaje diferencial, que sostiene que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros. Su obra ha sido fundamental en la criminología y la sociología.

20 Robert K. Merton nació el 4 de julio de 1910 y falleció el 23 de febrero de 2003. Fue un sociólogo estadounidense conocido por su teoría de la anomia y la teoría de la tensión, que sugieren que las discrepancias entre los objetivos culturales y los medios disponibles para alcanzarlos pueden llevar al comportamiento delictivo. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la sociología y la criminología.

21 Travis Hirschi nació el 15 de abril de 1935 y falleció el 2 de enero de 2017. Fue un criminólogo estadounidense conocido por su teoría del control social, que postula que los vínculos sociales fuertes evitan la conducta delictiva y también desarrolló la teoría del autocontrol, que sostiene que el bajo autocontrol es una causa principal de comportamiento delictivo. Su trabajo ha sido muy influyente en el campo de la criminología.

22  "insights" se refiere a una comprensión profunda y clara de un tema, problema o situación. Son revelaciones o descubrimientos que proporcionan una nueva perspectiva y, a menudo, son el resultado de un análisis detallado o de la observación de patrones que no eran evidentes a simple vista. Estos son valiosos, porque pueden guiar la toma de decisiones, inspirar nuevas ideas y estrategias, y ofrecer soluciones innovadoras.