Como solían decir los abuelos cuando querían despedir una visita, el tiempo avanza y ya nos acercamos al año 2030 sin que se evidencien resultados contundentes en el marco de la Agenda 2030. El panorama global está marcado por guerras —grandes y pequeñas—, la deforestación del Amazonas, incendios tanto provocados como naturales, hambrunas que afectan tanto a países desarrollados como en desarrollo, y tensiones derivadas de la producción agrícola, entre cultivos tradicionales e hidropónicos. A ello se suman los desafíos en materia de igualdad de género, la persistencia de la xenofobia, el aumento de la pobreza que deriva en indigencia, y un deterioro constante de la salud y el bienestar (ONU, 2015; PNUD, 2022; Banco Mundial, 2020).
La educación de calidad sigue siendo esquiva: en naciones con conflictos armados y, sorprendentemente, también en aquellas en paz, se observan hechos de violencia incluso dentro de colegios, escuelas y universidades (UNESCO, 2021). Por otro lado, el acceso al agua limpia y al saneamiento se reduce cada día, mientras los ríos y cuencas se contaminan. Además, el acaparamiento y la mercantilización por parte de grandes multinacionales dificultan aún más el acceso a este recurso vital, al punto de que para muchas personas obtener una simple botella de agua resulta inalcanzable (ONU-Agua, 2021; Oxfam, 2019).
La transición hacia una energía asequible y no contaminante avanza lentamente. Aunque se promueve el uso de energías limpias, las fuentes tradicionales continúan fortaleciéndose, en especial por el respaldo de las multinacionales petroleras, que priorizan su poder económico y los altos rendimientos financieros que lo generan.
En paralelo, el objetivo de garantizar trabajo decente y crecimiento económico se ve cada vez más lejano. El avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el inminente desarrollo de lo cuántico están reemplazando progresivamente la mano de obra, tanto en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. La inclusión de estas tecnologías en la producción y en las tareas administrativas ha derivado en un desempleo generalizado a nivel global, lo que limita las oportunidades para quienes ya no pueden insertarse en el mercado laboral. Esta situación también impacta a las nuevas generaciones, que pese a recibir educación, se enfrentan a un panorama incierto y cada vez más restrictivo.
El crecimiento de las industrias y la innovación se ha visto fortalecido en gran medida por el apoyo de la tecnología y el auge del emprendimiento, en particular con la creación de pequeñas y medianas empresas en numerosos países. No obstante, este fenómeno también ha contribuido al incremento de la informalidad laboral, mientras que en las grandes industrias los puestos de trabajo han disminuido progresivamente.
Por otro lado, las desigualdades persisten e incluso se profundizan. Las noticias muestran con frecuencia situaciones de racismo y la aprobación de normas, políticas y leyes que buscan restringir la migración. Al mismo tiempo, los conflictos armados y la falta de oportunidades obligan a miles de personas a abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, estos movimientos migratorios suelen despertar sentimientos de odio y resentimiento en las poblaciones receptoras, agudizando las tensiones sociales y económicas.
En materia de comunidades y ciudades sostenibles, son muy pocos los avances reales. En algunos países los gobernantes apenas han tomado medidas superficiales, mientras que en otros no se ha hecho nada más allá de discursos que carecen de la fortaleza necesaria para convertirse en acciones concretas. Esta situación es especialmente crítica en naciones que carecen de cuencas hídricas o de grandes bosques, lo que limita sus posibilidades de sostenibilidad y de sustentabilidad.
En contraste, algunos territorios han optado por estrategias de adaptación, como la recuperación de tierras al mar o el aprovechamiento de arenas desérticas para establecer grandes plantaciones destinadas tanto al autoabastecimiento como a la exportación. Sin embargo, estas iniciativas suelen responder más a intereses económicos y comerciales que a un verdadero compromiso con la producción y del consumo responsables. Así, se mantienen las desigualdades entre países que disponen de recursos y aquellos que carecen de medios naturales y económicos para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad en sus territorios.
En lo relacionado con la acción por el clima, los avances son prácticamente invisibles. El cambio climático se manifiesta con mayor intensidad en ambos hemisferios, particularmente en las zonas tropicales, donde las sequías y las inundaciones se hacen cada vez más frecuentes bajo los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Estas alteraciones traen consigo pérdidas humanas, derrumbes, incendios, inundaciones y temperaturas extremas, configurando escenarios de riesgo permanente (IPCC, 2023; CEPAL, 2022).
El calentamiento global también afecta ríos, mares y océanos, alterando la vida submarina. A ello se suma la pesca indiscriminada y la falta de protección a especies en peligro de extinción, incluidas las ballenas, lo que contribuye a la desestabilización de los ecosistemas acuáticos y de su equilibrio biótico y abiótico (FAO, 2020; WWF, 2021).
De igual forma, los ecosistemas terrestres se ven cada día más vulnerados por la tala indiscriminada de bosques y la explotación minera sin control estatal. En numerosos casos, los intereses económicos —e incluso la complicidad de autoridades— han llevado al desvío o secado de ríos con el único propósito de extraer minerales, sacrificando así recursos naturales esenciales y profundizando la degradación ambiental (ONU Medio Ambiente, 2019; PNUD, 2021).
Las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible han perdido vigor, desconocidas incluso por los propios países que conforman grupos como el G4, el G7 o el G20. Los compromisos globales orientados a mantener un planeta habitable y capaz de albergar el crecimiento poblacional han sido relegados, mientras la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas siguen siendo más una aspiración que una realidad.
Las instituciones internacionales llamadas a proteger dichos acuerdos —como la Cruz Roja, la ONU, la OEA, entre otras— también han sido objeto de cuestionamientos, debido a que en ocasiones han desviado sus objetivos por intereses políticos o económicos, e incluso por prácticas que alimentan teorías conspirativas.
Conviene recordar que el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 como un conjunto de objetivos globales destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada uno de estos objetivos fue acompañado de metas específicas a alcanzar en un plazo de quince años. Entre las iniciativas destacadas se encuentra Spotlight, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, la distancia entre las declaraciones oficiales y los resultados tangibles sigue siendo amplia.
El nombre de la iniciativa Spotlight —que en inglés significa 'foco'— evoca la necesidad de iluminar una realidad que con frecuencia permanece en la oscuridad: la violencia contra mujeres y niñas. En muchos casos, esta violencia se niega, se oculta o se subestima, especialmente en países en conflicto, pero también en aquellos considerados desarrollados, donde rara vez se refleja en estadísticas oficiales y solo se visibiliza en los medios de comunicación cuando involucra a personas de interés público.
El desafío es sacarla a la luz, convertirla en el centro de atención y adoptar medidas efectivas para erradicarla. Solo así será posible avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tal como lo plantea la Agenda 2030.
Otro de los aspectos que no se mencionan explícitamente en los 17 ODS es el de la basura espacial (NASA, 2021; ESA, 2022), que circunda la Tierra, sobre la cual ningún país ha asumido responsabilidad directa. Una situación similar ocurre con la gran isla flotante de plásticos en el océano Pacífico, cuya limpieza avanza de manera demasiado lenta frente a la magnitud del problema. Aunque los medios de comunicación suelen abordarlo de forma limitada, estas problemáticas representan amenazas crecientes para la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta, al punto de que ya se discuten en la perspectiva de la Agenda 2050. (Jambeck et al., 2015; ONU Medio Ambiente, 2021).
Aunque los medios de comunicación rara vez visibilizan estas problemáticas, ya se empieza a hablar de una Agenda 2050 que debería incorporar estos desafíos emergentes, pues su impacto trasciende las fronteras nacionales y compromete la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta a largo plazo (PNUD, 2022).
Si proyectamos la mirada hacia el año 2050, se vislumbra una gran diversidad de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y la inclusión social. Entre ellos destaca la iniciativa de la Universidad Privada del Norte, denominada “Manos que Hablan”, la cual surgió a partir del proyecto “Manos con Voz”. Esta propuesta identificó las limitaciones comunicativas de la comunidad sorda en el Perú y buscó ampliar y robustecer su alcance mediante la integración de tecnologías innovadoras. El resultado ha sido un sistema que emplea inteligencia artificial para reconocer la lengua de señas peruana y traducirla a texto escrito, con el propósito de facilitar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y quienes no dominan esta lengua. De esta manera, el proyecto fomenta la empatía, la accesibilidad y la inclusión en distintos entornos educativos y sociales.
El sistema “Manos que Hablan” emplea visión por computadora, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, además de herramientas como Python, Tensor Flow y OpenCV, lo que permite procesar los gestos y transformarlos en lenguaje escrito en tiempo real. Este tipo de desarrollos tecnológicos refleja cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la accesibilidad y a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en diversos entornos (Universidad Privada del Norte, 2021; Pineda & Velásquez, 2020).
Por otra parte, en el ámbito social y económico, resulta relevante analizar las proyecciones de la corrupción y su impacto en el desarrollo sostenible. De acuerdo con José Antonio Flores Rosas, especialista en prevención, detección e investigación de fraudes, si los recursos desviados por corrupción se destinaran a inversión pública, cada año sería posible construir alrededor de 30 hospitales de alta complejidad, equipar miles de colegios con tecnología de punta y garantizar una pensión digna a medio millón de jubilados. Lo que parece un sueño inalcanzable es, en realidad, el futuro que la corrupción roba sistemáticamente a la sociedad (Flores Rosas, 2020; Transparencia Internacional, 2022).
Según datos oficiales de la Contraloría General de la República, en el año 2023 la corrupción y la inconducta funcional le costaron al Perú la escandalosa suma de S/ 24,268 millones (Contraloría General de la República, 2023). Esta tendencia constituye una verdadera catástrofe anunciada, debido a que las proyecciones para el periodo 2024-2025 mantienen la misma línea: alrededor de S/ 24,300 millones en 2024 y posiblemente más de S/ 24,500 millones en 2025.
En términos prácticos, este monto representa recursos que deberían destinarse a infraestructura social, salud, educación y programas de bienestar, pero que terminan diluyéndose en obras fantasmas, adquisiciones sobrevaloradas y en el enriquecimiento ilícito de unos pocos (Transparencia Internacional, 2022; PNUD, 2021). Se trata de un fenómeno que diversos analistas denominan “el cáncer del desarrollo” y que amenaza con minar la gobernabilidad democrática, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad, lo que sucede también en los demás países latinoamericanos incluyendo Colombia.
Al mismo tiempo, especialistas en control han planteado que la “vacuna” contra esta problemática no es otra que el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección temprana y sanción efectiva, mediante la integración de tecnologías disruptivas (big data, inteligencia artificial, blockchain), controles internos sólidos y una mayor participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos (Flores Rosas, 2020; OCDE, 2020).
El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei en Argentina por ejemplo, presentó recientemente expone con claridad, según especialistas consultados por La Nación (2025), la escasa prioridad que su agenda otorga a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para diversos analistas, la reducción de fondos en este ámbito no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
De acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente sufrirá una disminución del 21 % en términos reales respecto a lo asignado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado menos del 60 % de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre las políticas de conservación y la protección de bosques nativos (La Nación, 2025), esto le hace falta fortalecerlo las demás naciones de la región latinoamericana, como lo mencionaba Fidel Castro en su discurso “Sobre el tema de sostenibilidad ya lo había visto venir Fidel Castro y hoy en día que hemos hecho? Se acerca el año 2030 https://www.facebook.com/watch?v=195553752669470
En este contexto, organismos internacionales como la Fundación IFRS han señalado la importancia de los denominados “Caminos de los pioneros”, en los que empresas líderes ya están aplicando las Normas ISSB para divulgar información sobre sostenibilidad que responda a las necesidades de los inversionistas de contar con información útil para la toma de decisiones (IFRS, 2023). Actualmente, al menos 36 jurisdicciones se encuentran en proceso de adoptar dichas normas, lo que refleja un avance en la armonización internacional de los reportes de sostenibilidad y de la sustentabilidad.
Sin embargo, surgen múltiples interrogantes como bien lo han mencionado anteriormente: ¿cómo están gestionando las empresas líderes este cambiante entorno regulatorio?, ¿de qué manera están utilizando las Normas ISSB como guía para cumplir con los nuevos requisitos de divulgación global?, ¿qué consideraciones tienen los organismos reguladores al desarrollar estas disposiciones? Una pregunta crucial subyace a todas ellas: ¿es suficiente este esfuerzo para detener el cambio climático, y existe una verdadera voluntad de las demás jurisdicciones para que tanto las grandes industrias como las pymes implementen estas medidas y asuman conciencia real de su responsabilidad en la sostenibilidad?
Veamos ahora qué nos plantea la Agenda 2050. Si bien se refiere a planes y estrategias de largo plazo orientados a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, resiliencia climática y bienestar social y económico hacia mediados de siglo, toma como punto de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Un ejemplo de ello es la Estrategia 2050 de Colombia, que busca consolidar un país resiliente al clima, competitivo, circular y carbono neutral (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). De manera similar, la iniciativa Visión 2050 de Forética (España) establece una hoja de ruta para que las empresas transformen los sistemas económicos hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social (Forética, 2021).
En el siguiente cuadro se le da una estructura y respaldo académico e institucional al texto, permitiendo mostrar que la Agenda 2050 no solo se conecta con la Agenda 2030, sino que amplía sus metas en distintos frentes estratégicos.
Cuadro de los Aspectos clave de la Agenda 2050
Aspecto clave Fuente principal Aporte a la Agenda 2050
Demografía y migraciones ONU DESA (2019); OIM (2020) Proyecciones de crecimiento poblacional y movilidad humana, fundamentales para planificar sostenibilidad y cohesión social.
Transformación digital e inteligencia artificial European Commission (2021); Floridi (2019) Debate ético y regulatorio sobre IA y tecnologías emergentes para asegurar un desarrollo inclusivo y responsable.
Geopolítica y gobernanza global WEF (2023); Sachs (2021) Identificación de riesgos globales y análisis de cómo las instituciones deben adaptarse a crisis transnacionales.
Justicia intergeneracional y equidad social Raworth (2017); Informe Brundtland (1987) Inclusión del principio de equidad entre generaciones y modelos económicos sostenibles (economía del donut).
Seguridad alimentaria e hídrica FAO (2021); IPCC (2022) Retos para garantizar acceso a alimentos y agua bajo escenarios de cambio climático y estrés hídrico.
Finanzas sostenibles y transición energética IFRS Foundation (2023); IEA (2021) Estándares internacionales (ISSB) y rutas hacia la descarbonización y energías limpias.
Salud global y riesgos pandémicos OMS (2022); Kickbusch & Leung (2020) Preparación frente a pandemias y vínculo entre salud y cambio climático.
Participación ciudadana y gobernanza local ONU-Hábitat (2020, 2016) Importancia de ciudades sostenibles, resilientes y participativas en el cumplimiento de la Agenda 2050.
Fuente: elaborado por el autor
Los componentes comunes de una Agenda 2050 suelen concentrarse en cuatro ejes fundamentales:
• El desarrollo sostenible: armonización del crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.
• La resiliencia al cambio climático: adaptación y mitigación frente a los impactos climáticos para asegurar un futuro sostenible.
• Una economía circular: transición hacia un modelo basado en la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, minimizando los impactos negativos.
• La innovación y tecnología: promoción de la investigación y el desarrollo como motor de transformación social y económica.
Estos enfoques se reflejan en diversos planes nacionales. En Colombia, la Estrategia 2050 prioriza la resiliencia climática, la competitividad económica, la seguridad hídrica y la conservación de la biodiversidad. En España, el proyecto España 2050 constituye un ejercicio de prospectiva que diseña un plan de largo plazo para enfrentar los retos medioambientales, sociales y económicos de las próximas décadas (Gobierno de España, 2021). Por su parte, la Visión 2050 de Forética identifica nueve rutas de transformación en sectores clave, impulsando al sector empresarial hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad.
En conclusión, puede afirmarse que las Agendas 2050 se construyen sobre los cimientos de la Agenda 2030, ampliando y adaptando sus metas hacia un horizonte más lejano. Su propósito es acelerar y consolidar el cumplimiento de los objetivos previstos para 2030, reconociendo que muchas naciones aún enfrentan serias dificultades para alcanzar sus compromisos ambientales y sociales. Ante este panorama, las universidades, las agremiaciones de todas las disciplinas, la CGN, la CGR, los entes de control y quienes emiten las leyes deben tomar conciencia de la situación, renovar sus planes de estudio y fortalecer la planeación tanto en el sector público, privado y social. Solo así será posible consolidar la sostenibilidad y la sustentabilidad, mejorar la calidad de vida y contribuir a la minimización y mitigación del cambio climático.
Por lo tanto es importante y necesario desde ahora fortalecer los aspectos relacionados con la agenda 2030 para la agenda del 2050 como lo es La demografía y migraciones, por el crecimiento poblacional, el envejecimiento en regiones desarrolladas y la presión migratoria en zonas vulnerables (África, América Latina, Medio Oriente) de cómo estos factores afectan la planificación hacia 2050 (FAO, ONU DESA).
La transformación digital y ética de la IA, donde la inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y robótica como motores de cambio que son retos éticos y sociales, con sesgos, gobernanza digital, concentración de poder tecnológico. En lo geopolítico y gobernanza global, donde el papel de los bloques (G20, UE, BRICS) y la fragilidad de los acuerdos multilaterales, por lo que los desafíos en torno a recursos críticos como lo son el agua, litio, tierras raras, energía.
En cuanto a la justicia intergeneracional y equidad social, del cómo garantizar que las políticas actuales no comprometan los derechos de las generaciones futuras y el rol de la educación en construir sociedades sostenibles hacia 2050. A lo que respecta a la seguridad alimentaria e hídrica, este vínculo esta entre una agricultura sostenible, desertificación, pérdida de biodiversidad y agua potable como lo son los escenarios de riesgo de la FAO y el IPCC.
Por otra parte se encuentran las finanzas sostenibles y transición energética, donde el papel de los mercados financieros, la inversión responsable (ESG) y las normas ISSB, traen un reto de abandonar los combustibles fósiles y masificar energías renovables. Así como también está la salud global y riesgos pandémicos, ello con base a la experiencia del COVID-19 el cual dejó aprendizajes en sistemas de salud, cooperación internacional y biotecnología, por lo tanto el vincular salud pública y cambio climático (olas de calor, nuevas enfermedades zoonóticas), por ultimo estría la participación ciudadana y gobernanza local, por la importancia de la descentralización, ciudades sostenibles y gobiernos locales en la implementación de agendas 2050, como por ejemplo, las ciudades resilientes al 2050 (ONU-Hábitat).
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