Resumen:
La evaluación de la sostenibilidad en la educación requiere marcos sólidos que permitan medir los impactos ambientales, integrando dimensiones ecológicas, sociales y educativas. Este estudio propone un enfoque metodológico para valorar los impactos ambientales en instituciones educativas, con énfasis en las políticas y prácticas orientadas a la sostenibilidad. Al combinar métricas cuantitativas —como el análisis de la huella de carbono, el consumo energético y la eficiencia en la gestión de residuos— con indicadores cualitativos como la integración de principios de sostenibilidad en el currículo y la participación de los actores institucionales, el marco garantiza una evaluación integral. La metodología adopta un diseño de métodos mixtos, incorporando el análisis de ciclo de vida (ACV) para cuantificar los impactos ambientales, así como captar las percepciones sobre las prácticas de sostenibilidad entre estudiantes, docentes y personal directivo. Estudios de caso en diversos contextos educativos evidencian la aplicabilidad del modelo, revelando tanto buenas prácticas como brechas en su implementación. Los resultados subrayan la necesidad de contar con currículos interdisciplinarios y políticas institucionales que prioricen operaciones de bajo impacto y promuevan la conciencia ambiental. Este enfoque contribuye al debate global sobre la educación sostenible al ofrecer insumos prácticos para que responsables de política y educadores alineen las prácticas institucionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las United Nations, en particular el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 13 (Acción por el clima). El estudio aboga por un monitoreo continuo y por estrategias adaptativas que fortalezcan la sostenibilidad en la educación, asegurando una gestión ambiental responsable a largo plazo.
Palabras Clave: Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Educación, Análisis del ciclo de vida, Objetivos de desarrollo sostenible.
Introduction
La formación de los futuros profesionales Morin (2000), independientemente del campo disciplinar, exige la integración transversal de conocimientos sobre sostenibilidad y sustentabilidad. En un escenario global caracterizado por la intensificación de las crisis ecológicas, el crecimiento poblacional exponencial y el avance acelerado de la tecnología, es imprescindible desarrollar competencias que permitan comprender, mitigar, minimizar, desaparecer y transformar los impactos socioambientales. Mientras que en épocas anteriores el uso de recursos como la biomasa —principalmente leña y carbón vegetal— tenía efectos localizados, el modelo industrial actual, la urbanización descontrolada, el uso masivo de vehículos motorizados y la proliferación de armas químicas y nucleares han incrementado la presión ambiental de forma geométrica y el resultado es el cambio climático que hoy en el siglo XXI vivimos. Esta realidad ha sido ampliamente reconocida por organismos internacionales como la Unesco (2020), que promueve una Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) basada en la acción transformadora, y por la Agenda 2030 de las United Nations, que en su ODS 4.7 enfatiza la necesidad de incorporar la sostenibilidad en todos los niveles de la educación. Autores como Morin (2000) insisten en la necesidad de una reforma del pensamiento educativo que aborde la complejidad, mientras que Capra (2002) y Sachs (2015) subrayan la urgencia de transitar hacia paradigmas interdependientes y ecológicamente responsables. En este contexto, la educación superior debe asumir un papel protagónico, no solo como transmisora de conocimiento, sino como generadora de soluciones éticas, técnicas y contextualizadas frente a los desafíos del Antropoceno.
En este contexto, resulta crucial establecer criterios de control claros en el desarrollo de las actividades tanto de las organizaciones empresariales como en el trabajo articulado con las instituciones de educación superior (IES). Este esfuerzo conjunto debe permitir identificar las necesidades formativas que tienen los educandos respecto a la comprensión y valoración del medio ambiente y lo social, como dimensiones fundamentales de la sostenibilidad.
Si bien los aspectos de gobernanza han sido abordados tradicionalmente mediante mecanismos de reporte y rendición de cuentas —como los informes del Global Reporting Initiative (GRI), las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y las orientaciones del International Federation of Accountants (IFAC) en relación con los estados financieros—, persiste una debilidad estructural en el control y seguimiento de métricas específicas por actividad económica. Este vacío es más notorio en sectores no regulados con el mismo rigor que la gran industria, como ocurre con las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las famiempresas, donde la legislación suele ser laxa, el control institucional limitado, y la aplicación de sanciones inefectiva.
A ello se suma la existencia de contextos donde la corrupción y la impunidad distorsionan las funciones de control, incluso involucrando, en algunos casos, a franquicias de firmas multinacionales de auditoría, señaladas por omisión, negligencia o falta de compromiso ético (Sikka, 2009; Espinosa, 2020). Este panorama plantea desafíos urgentes para el fortalecimiento de la gobernanza sostenible, el rol de la auditoría, y el papel de las IES en la formación de ciudadanos críticos y profesionales responsables, capaces de enfrentar los retos éticos, ambientales y sociales del siglo XXI.
Este artículo busca establecer lineamientos para el desarrollo de métricas generales y registros contables que permitan cuantificar los impactos ambientales de las actividades humanas, con el fin de reflejar dicha información en los estados financieros y contribuir así a la formulación de políticas públicas integradas. Se plantea la necesidad urgente de que el Estado y las instituciones de educación superior (IES) trabajen conjuntamente en este propósito, especialmente en América Latina, donde aún persisten importantes reservas de biodiversidad y ecosistemas estratégicos —tanto en lo biótico como en lo abiótico— que requieren protección activa.
La contabilización del capital natural, la fijación de límites mínimos y máximos para el uso de recursos, y la traducción de estos elementos en métricas verificables deben convertirse en mecanismos concretos de evaluación de sostenibilidad. A pesar de que existen reportes internacionales que señalan a países como China, Estados Unidos y otras naciones industrializadas como los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI), la falta de compromiso real con los acuerdos multilaterales —incluyendo el Acuerdo de París y los compromisos de Brasil en materia ambiental— pone en evidencia la debilidad de los sistemas de control climático global.
En este contexto, se propone avanzar en la implementación de registros contables ambientales adaptados a la realidad de las pequeñas y medianas economías latinoamericanas, como herramienta técnica para el diseño de políticas públicas sostenibles que articulen lo económico, lo social y lo ambiental o ecológico de manera coherente y verificable.
Desarrollo de las métricas de la Sostenibilidad en la Contabilidad
Permitir a las organizaciones empresariales, a las PYMES, instituciones públicas o educativas o las sin fines de lucro identificar, cuantificar, registrar y reportar los impactos ambientales significativos en sus estados financieros y contables, facilitando la toma de decisiones sostenibles y la formulación de políticas públicas.
A ello las métricas para el Cálculo de Impactos Ambientales y Sociales en Educación Sostenible que pueden estar alineadas al GRI y con los correspondientes registros contables.
Para enseñar a evaluar la sostenibilidad en instituciones educativas, se propone un sistema de métricas vinculadas a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), integradas con registros contables y estados financieros. Estas métricas permitirán cuantificar impactos y facilitar la transparencia en los correspondientes reportes institucionales.
Para establecer las métricas que permitan calcular las acciones en el medio ambiente y lo social, alineadas con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), y vincularlas a registros contables y estados financieros, se propone un marco integrado que abarque a indicadores cuantitativos y cualitativos. Este marco incluye métricas ambientales que se encuentran en el GRI 300 y las sociales en el GRI 400, con correspondencia a cuentas contables específicas y su reflejo en estados financieros.
En el contexto educativo, la evaluación de sostenibilidad requiere la integración de métricas ambientales que reflejen el impacto de las operaciones institucionales. Entre estas, el consumo energético, la huella de carbono y la gestión de residuos son fundamentales, conforme a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI 300).
Por ejemplo, el indicador GRI 302-1 permite cuantificar el consumo total de energía, diferenciando entre fuentes renovables y no renovables, expresado en megavatios-hora (MWh). Esta información se puede registrar contablemente como gastos operativos (servicios públicos) o como inversiones en activos fijos sostenibles, si se trata de infraestructura para energías limpias. En los estados financieros, se refleja bajo el rubro de costos operacionales, permitiendo incluso construir indicadores como el porcentaje del presupuesto destinado a eficiencia energética.
Asimismo, las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial CO₂ equivalente (GRI 305-1 y 305-2), constituyen otro indicador clave. Su cálculo se basa en los factores de emisión asociados al consumo de electricidad o combustibles fósiles. Las emisiones pueden reflejarse contablemente mediante provisiones ambientales, gastos de responsabilidad social (como compensaciones de carbono) o pasivos asociados a compromisos de mitigación. Esto facilita visibilizar el costo por tonelada de CO₂ mitigada y reportarlo en los estados financieros como gasto extraordinario o pasivo ambiental.
En cuanto a la gestión de residuos (GRI 306-2 a 306-4), las instituciones pueden calcular las toneladas generadas, recicladas o dispuestas, clasificándolas en residuos peligrosos o no peligrosos. Los costos asociados se contabilizan como gastos en gestión de residuos, servicios públicos o incluso como ingresos si hay recuperación de materiales reciclables. En el estado de resultados, estos gastos se agrupan como costos operativos, y su impacto puede medirse en términos de reducción de costos por disposición o incremento de reciclaje. Como han señalado Gray y Milne (2018), estos indicadores también deben relacionarse con impactos reales en el entorno natural, superando una visión meramente simbólica de los reportes y deben ser manejado en informes por el personal especializado en estos temas.
A continuación, se detalla dicho enfoque:
https://es.scribd.com/document/931317554/La-Medicion-Ambientalde-Impactos-en-La-Evaluacion-de-La-Sostenibilidad2025?fbclid=IwY2xjawNWhzlleHRuA2FlbQIxMQABHmrAIK9cmrU-WPXVkKTbMiyEb2Owc_YceQTiOpkeEWJYIjEVpxJGMnJ51H8R_aem_JKalu8JFnAY1WEhLBPomTw
